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La historia del cliente bancario víctima de fraude por $1,5 millones que quedó sin respuesta por equivocarse en mil pesos
Agencia Uno (Referencial)

La historia del cliente bancario víctima de fraude por $1,5 millones que quedó sin respuesta por equivocarse en mil pesos

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | 25.03.2025
La Corte Suprema confirma que cerrar un caso de fraude bancario por un error de $1.000 en una declaración fue arbitrario y vulneró derechos fundamentales.

El 12 de septiembre de 2024, un cliente del Banco del Estado descubrió que habían retirado de su cuenta más de un millón y medio de pesos mediante transferencias y cargos que él no autorizó.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, de inmediato, activó los protocolos del banco, bloqueó los productos comprometidos y, al día siguiente, denunció el fraude ante Carabineros, con lo que se inició un proceso penal.

Para respaldar su reclamo, el afectado entregó todos los documentos exigidos por el banco: copia de su cédula, la denuncia y una declaración jurada.

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Sin embargo, semanas después, el banco cerró el caso alegando que esa declaración tenía un error en los montos y que no fue completada correctamente dentro del plazo legal.

El error: una diferencia de solo mil pesos en una de las cinco transacciones reportadas. En vez de solicitar una corrección o aclarar el problema, la entidad bancaria simplemente dio por terminado el proceso.

Frente a esta situación, el afectado recurrió a la justicia. La Corte de Apelaciones de Iquique acogió su recurso de protección y calificó como arbitrario el actuar del banco.

El fallo fue redactado por el ministro Pedro Nemesio Guiza G., con la participación del ministro Andrés Alejandro Provoste V. y el ministro suplente Francisco Javier Berríos V.

La Corte explicó que “el error que reprocha en la redacción de la declaración jurada es mínimo – una quinta transacción donde el recurrente señaló el monto de $462.200, cuya cifra correcta era $461.200 –, pudiendo haberse adoptado otro tipo de actos previos a adoptar la decisión de cierre del caso”.

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Y añadió que esta decisión vulneró los derechos fundamentales del cliente, al impedirle ejercer legítimamente su reclamo.

Por ello, ordenaron al banco reabrir el caso y considerar válidos los datos entregados por el afectado. El cliente también solicitaba la restitución del total defraudado: $1.511.190.

El fallo fue apelado por el banco ante la Corte Suprema. Sin embargo, la Cuarta Sala del máximo tribunal —integrada por Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus, Diego Simpertigue, María Angélica Benavides y José Miguel Valdivia— confirmó la sentencia de Iquique el 20 de marzo de 2025, cerrando definitivamente el caso a favor del cliente.

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