Hoy en Chile vivimos un proceso de desmovilización social influenciado por las secuelas de los confinamientos durante la pandemia de Covid-19 y la desazón política tras el fracaso del primer proceso constituyente. Esto se refleja en la disminución de la intensidad de las movilizaciones que ocurrieron entre 2011 y 2020, donde diversos movimientos sociales, colmaron las calles del país.

No obstante, no deja de ser significativo que el único accionar colectivo que tiene una tendencia distinta es el de las y los trabajadoras/es, el cual ha evidenciado un aumento de sus procesos de movilización en las huelgas legales y no legales (entre 2006 – 2019), que si bien disminuyeron durante el período de pandemia (2020 – 2022), volvieron a crecer de forma significativa en 2023 (Observatorio de Huelgas Laborales del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, 2020, 2024).

Es decir, esta tendencia al alza del accionar colectivo de las y los trabajadoras/es, es una anomalía social de nuestro presente que hay que observar y seguir en su evolución política y social, hecho que evidencia una tendencia al fortalecimiento del sindicalismo, que a su vez se interpreta como un síntoma de descontento con las condiciones laborales experimentadas en el presente, más aún postpandemia, cuyos efectos económicos asientan en las problemáticas de escasez material, psicológicas y de cuidados que afecta a las y los trabajadoras/es.

Por el contexto en que vivimos se hace evidente, que el trabajo es un aspecto que importa a la ciudadanía, a tal punto que en la última encuesta ELSOC (2023), el “movimiento de trabajadores” es el tercer movimiento social más valorado por la ciudadanía, detrás del estudiantil y del de pensiones, estando un puesto más adelante que el movimiento antidelincuencia.

Estos datos son significativos, ya que nos indican que la sociedad chilena actual valora el trabajo desplegado por las organizaciones de trabajadoras/res, aspecto que está relacionado con un contexto de extensión de la flexibilidad contractual, que impide una estabilidad laboral.

En nuestro presente la explotación laboral afecta aproximadamente el 75% de las y los trabajadoras/es, evidenciando una gran pluralidad cultural de oficios de quienes componen la clase trabajadora, la cual abarca desde obreros hasta personas profesionales que se desempeñan en el sector terciario, e incluso sumando a los emprendedores (Pérez, 2018) quienes también padecen de inestabilidad laboral.

El precariado en Chile es diverso y refleja un cambio cultural significativo en la experiencia laboral. Esto se observa en la composición de las organizaciones laborales, donde las dirigencias sindicales ahora incluyen a jóvenes con niveles educativos más altos que en el pasado, que a su vez han sido influenciados por sus experiencias de liderazgo dentro del movimiento estudiantil del siglo XXI, dando paso al desarrollo de un sindicalismo movimental, que apuesta a la transformación del modelo neoliberal en el trabajo, manifiesto en una crítica a las condiciones de flexibilidad laboral (Aravena, 2023).

Por tanto, los desafíos para el activismo laboral en nuestros tiempos son complejos, ya que necesitan articular una diversidad cultural, formativa y social de trabajadoras/es que se enfrentan día a día a la precarización laboral, en distintos rubros.

En ese sentido, es relevante posicionar la colaboración y generación de redes solidarias entre sectores diversos desde los tradicionalmente organizados, como los obreras/os industriales, con aquellos que antes no experimentaban las condiciones de la explotación laboral, como con los trabajadores del conocimiento.

El mundo del trabajo en Chile se está convirtiendo en la anomalía social de estos años de desmovilización social, debido al aumento de la validación social de su accionar colectivo, sumado a la tendencia al alza de sus movilizaciones (huelgas legales y no legales) y de la sindicalización, que se traduce en una mayor incidencia social, y que apunta a mejorar las condiciones materiales y de vida de las y los trabajadoras/es del país.

Por lo mismo, sus demandas no pueden pasar desapercibidas en el mundo político, ya que estas impactan de forma directa en las condiciones de vida de las personas, siendo sumamente relevantes para una modernización social del país.

Finalmente, en los últimos años han existido avances en materia de cambios de la legislación laboral, que ha sido empujada desde las organizaciones de trabajadoras/es, implicando años de coordinación con actorías políticas e institucionales, tal fue el caso de la ley de 40 horas, la ley Karin, entre otros.

Sin embargo, falta mucho por avanzar en políticas que generen un empleo estable que brinde seguridad social y una mejor calidad de vida para las y los trabajadoras/es, cuyo horizonte a alcanzar, ha implicado un aumento del crecimiento de su accionar colectivo en un período de desmovilización, convirtiéndose en una anomalía social porque sigue creciendo en movilización, a pesar de sus bemoles organizativos como su fragmentación. Aspecto que es necesario modificar si se apuesta a una mayor fuerza e incidencia en las leyes y políticas laborales del país.