Para producir los alimentos que comemos, los plaguicidas han cumplido un rol fundamental, protegiendo a los cultivos de plagas y aumentando su rendimiento. Pero su mal uso y su tráfico ilegal han dejado huellas imborrables en ecosistemas y en la salud de trabajadores y de personas.

Para reducir este riesgo, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) emitió una resolución para regular el uso de plaguicidas que ha generado debate y críticas desde los productores agrícolas, y actualmente se están desarrollando talleres entre autoridades y gremios para ver la mejor forma de aplicar la nueva normativa.

La nueva norma exige que la persona que vaya a aplicar los plaguicidas tenga un certificado que demuestre que está capacitada para ello. Para aplicar plaguicidas, los productores deberán avisar al SAG con 48 horas de anticipación, y 24 en casos justificados de emergencia.

Además, exige un registro detallado del origen y uso de los plaguicidas para mejorar la trazabilidad de estos productos y evitar su tráfico ilegal, que según destacan desde la autoridad ha crecido.

Por otra parte, hace más estricto el respeto de los tiempos de reingreso tras una fumigación, para proteger la salud de los trabajadores. Quienes incumplan la normativa pueden enfrentar multas y restricción en el uso de plaguicidas.

Puja y diálogo

Desde que se conoció la nueva resolución, a aplicarse desde 2026, los productores tienen 12 meses de plazo para capacitar a los trabajadores que aplicarán los plaguicidas, con cursos certificados por el SAG.

Sin embargo, desde el rubro surgieron duras críticas hacia la normativa, tildándola de inaplicable. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), reclamaron que el uso de plaguicidas en la agricultura se planifica día a día según las condiciones del cultivo, por lo que el aviso con 48 horas de anticipación es difícil de aplicar.

Ante las críticas, desde el SAG organizaron talleres y mesas de trabajo con representantes de los distintos gremios agrícolas para llegar a acuerdos sobre la mejor forma de aplicar esta nueva normativa.

“Los gremios que estamos representando, tanto de la agricultura familiar campesina como a los medianos agricultores, todos señalamos que la dificultad está en cómo hacemos operativa esta regulación y creemos que vamos a encontrar otro camino trabajando en conjunto para cumplir los requerimientos necesarios del SAG”, reflexionó Andreas Köbrich, secretario general del Consorcio Agrícola del Sur.

Plaguicidas y la salud

Estudios realizados en las regiones del Maule y Coquimbo han evidenciado una alta exposición a agrotóxicos en la población, generando deficiencias en funciones neuromotoras y sensoriales.

Se han encontrado rastros de plaguicidas prohibidos desde 1999 en la orina de niños y niñas cerca de Talca. Niñas y niños son especialmente vulnerables a esta exposición, con la que desarrollan deficiencias neurocognitivas.

Otros estudios realizados por la investigadora de la Universidad de Chile, María Teresa Muñoz, revelan que los pesticidas están en el aire y los alimentos, y que afectan los mecanismos de neurotransmisores provocando síntomas depresivos y aumentando el riesgo de suicidio, siendo los niños y los trabajadores agrícolas los más afectados.