Con un 98% de efectividad en las medidas cautelares y cero agresiones por parte de sujetos monitoreados desde 2022, año en el que comenzó a regir la Ley 21.378 respecto de la ejecución de medidas cautelares de violencia intrafamiliar (VIF) en el marco de la justicia penal.

La primera tobillera fue instalada en 2014 con la Ley 18.216 que establece penas sustitutivas a la cárcel, y luego su uso fue impulsado por parte de todos los períodos del Ministerio de Justicia desde entonces, con 90 mil dispositivos implementados y un 0,3% de índice de corte de correa, manipulaciones indebidas o intentos de fuga.

Gobierno licitará contratos por 54 millones de pesos

Por lo mismo, próximamente el Gobierno abrirá una nueva licitación por 54 mil millones de pesos para adjudicarse la prestación del servicio de monitoreo telemático que incluye tobilleras, que puede generar alertas inmediatas ante intentos de romper órdenes de alejamiento e intervenciones rápidas para evitar que los casos lleguen a situaciones extremas.

Sobre esto mismo y las posibilidades de proteger a mujeres víctimas de violencia doméstica, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal, dijo que la violencia de género es un problema estructural que exige respuestas integrales y sostenidas.

La autoridad aseguró que "el monitoreo electrónico de agresores es un avance en la protección de las mujeres, pero no es la única respuesta estatal (...) La Ley 21.675, o más conocida como Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, entrega mandatos sectoriales claros en este ámbito".

"Crea instrumentos para la articulación de la respuesta estatal a las víctimas de la violencia y el levantamiento de un sistema integrado de gestión de casos y de reportería de datos (...) para que las medidas destinadas a asegurar a las mujeres vidas libres de violencia de género no solo se mantengan, sino que se perfeccionen y evolucionen a partir de la evidencia", comentó.

Reduce la actividad delictual contra mujeres

De acuerdo con las cifras de Track Group, la empresa de tecnologías, software y servicios de monitoreo de ubicación electrónica que hoy presta servicios a Gendarmería tiene a cargo aproximadamente cuatro mil 200 personas en Chile que utilizan el GPS para la defensa de determinaciones judiciales preventivas.

En total, los sujetos ante los cuales se lleva a cabo el seguimiento y que tienen prohibición de acercarse a determinados lugares son tres mil 600 con reclusión parcial y 500 en libertad vigilada intensiva y pena mixta para condenas superiores a los 541 días.

Lo que plantea el gerente comercial de la sede de la multinacional en el país, Paul Thornton, es que ha sido un trabajo conjunto y constante con Gendarmería lo que permite la televigilancia y garantiza su operatividad 24/7 por medio de softwares y hardwares.

"Track Group aporta la tecnología y el soporte técnico, mientras que Gendarmería supervisa su aplicación y cumplimiento en el día a día (...) Apoyamos la aplicación de medidas de restricción y alejamiento, reduciendo significativamente la actividad delictual contra las mujeres y proporcionando una supervisión eficiente en tiempo real", detalló Thornton.

Reinserción y reducción de la carga policial

Asimismo, señaló que "el monitoreo telemático no solo ayuda a prevenir agresiones, sino que también representa un castigo efectivo para quienes han cometido delitos de violencia familiar pero permitiendo que se reinserte en todos los ámbitos de la sociedad y más aun manteniendo la responsabilidad con sus agredidos".

"Este trabajo coordinado ha permitido optimizar la supervisión de condenados y sujetos de control, reducir la carga operativa en términos de control policial y mejorar la reacción ante incumplimientos", especificó el representante de la corporación que apuesta por ganar nuevamente la licitación.

En términos financieros, la vigilancia con geolocalización cuesta un 80% menos que lo gasta el Estado mensualmente por cada privado de libertad en los complejos penitenciarios, que es 720 mil pesos, esto porque la instalación y el mantenimiento de estos artefactos solo cuesta 120 mil por condenado.