Durante la dictadura, cuatro hombres fueron detenidos, torturados y perseguidos por agentes del Estado.

Sus esposas, que enfrentaron años de miedo, precariedad y hostigamiento, lograron que la justicia reconociera su sufrimiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco pagarles una indemnización total de $60.000.000.

Años de incertidumbre y temor

Entre septiembre de 1973 y agosto de 1983, cuatro mujeres vieron cómo sus vidas se desmoronaban al ser sus esposos arrestados por motivos políticos.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, fueron calificadas como víctimas indirectas en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech).

Las detenciones ocurrieron en distintos momentos y bajo diferentes circunstancias. En uno de los casos, un hombre fue arrestado en su lugar de trabajo y trasladado a un centro de detención clandestino.

Su esposa, en estado de embarazo, pasó meses sin noticias de él, enfrentando hostigamiento por parte de las autoridades y la pérdida de su estabilidad económica.

En otro caso, la detención ocurrió en el propio domicilio, en un operativo violento donde la esposa y los hijos de la víctima fueron intimidados y sometidos a interrogatorios.

Una de las mujeres relató que su esposo fue detenido en dos ocasiones. La segunda vez, fue víctima de un montaje en el que se le acusó falsamente de terrorismo, lo que lo llevó a pasar varios años en prisión.

Su esposa fue detenida arbitrariamente en varias oportunidades, perseguida y estigmatizada, lo que la obligó a mudarse constantemente para protegerse.

Otra de las esposas vivió bajo la constante vigilancia del régimen tras la detención de su esposo. Fue despedida de su trabajo, sufrió amenazas y, durante años, tuvo que recurrir a la ayuda de organizaciones de derechos humanos para obtener algún tipo de respaldo económico y legal.

La resolución de la Corte

Después de décadas de lucha, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el Estado deberá pagar una indemnización de $15.000.000 a cada una de las cuatro mujeres, sumando un total de $60.000.000, por daño moral por repercusión.

El tribunal estuvo integrado por la ministra Carolina Brengi, el ministro Matías de la Noi y la abogada integrante Renée Rivero.

En el fallo, el tribunal reconoció que “el daño moral sufrido por las demandantes es evidente y no puede desconocerse, considerando la estrecha relación que mantenían con sus esposos y el impacto que los crímenes de lesa humanidad tuvieron en sus vidas”.

Asimismo, el fallo indicó que “la existencia del daño en los familiares más cercanos es lo razonable y común”, descartando los intentos del Estado de evitar la indemnización bajo el argumento de que ya existían beneficios previos.

El tribunal también dejó en claro que los crímenes cometidos en dictadura son considerados de lesa humanidad, lo que implica que la acción indemnizatoria es imprescriptible.

“No resulta coherente entender que la acción civil derivada de estos delitos esté sujeta a normas de prescripción, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos”, concluyó la Corte.

Una reparación tardía

Si bien la compensación económica no puede reparar las décadas de sufrimiento, esta resolución representa un reconocimiento oficial del daño que la dictadura causó no solo a quienes fueron víctimas directas, sino también a sus familias.

Para las cuatro mujeres, este fallo es el cierre de un largo proceso en el que la justicia, aunque tardía, finalmente reconoció lo que vivieron.

Sus esposos fueron víctimas de la persecución política y la represión estatal, pero ellas también sufrieron las consecuencias de un régimen que buscó silenciar y castigar a quienes se oponían.

Ahora, con la sentencia firme, el Estado deberá cumplir con el pago de la indemnización y cerrar una de las muchas deudas pendientes con las víctimas de la dictadura.