Desde hace meses, los trabajadores del Hospital de Puerto Montt han vivido una crisis que puso en riesgo su seguridad y la de los pacientes.

Todo comenzó con el aumento de ingresos de menores con trastornos psiquiátricos y órdenes judiciales de internación, quienes eran derivados a la unidad de Servicio Médico Quirúrgico Infantil, un área sin preparación para atender estos casos.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el problema se agravó el 16 de abril de 2024, cuando un paciente judicializado, con antecedentes de agresiones previas, fue ingresado a la unidad y atacó violentamente a funcionarios y otros niños hospitalizados.

Ese día, enfermeras y personal de turno intentaron contenerlo, pero no contaban con los conocimientos ni la seguridad necesaria para manejar la situación.

Incluso, algunos padres de otros pacientes debieron intervenir para evitar que la agresión se intensificara.

Este no fue un caso aislado. Los trabajadores denunciaron que las agresiones verbales y físicas eran constantes, y que la falta de personal capacitado solo aumentaba el riesgo.

A pesar de los múltiples reclamos internos, la dirección del hospital no tomó medidas concretas para solucionar el problema.

Los trabajadores, organizados en la Asociación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud del Hospital de Puerto Montt, decidieron recurrir a la justicia para exigir cambios.

La batalla legal y el fallo de la Corte Suprema

El caso llegó primero a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, donde el hospital argumentó que ya se estaban tomando medidas, como capacitaciones y solicitudes de egreso de algunos pacientes de alto riesgo.

También señaló que el problema radicaba en la falta de cupos en la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil, lo que obligaba a hospitalizar a estos pacientes en otras áreas.

La Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de los trabajadores, indicando que la administración del hospital tenía la facultad de decidir cómo gestionar sus recursos y que no se había demostrado una omisión grave en su actuar.

Sin embargo, la decisión fue revertida por la Corte Suprema, que falló a favor de los funcionarios de salud.

El fallo, emitido por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros María Cristina Gajardo, Diego Simpértigue y Jessica González, junto con los abogados integrantes José Miguel Valdivia y Andrea Ruiz, determinó que la omisión del hospital era grave y vulneraba derechos fundamentales.

"Existe una situación problemática al interior del hospital que genera un entorno de tensión y entorpece la adecuada entrega de la prestación de salud, impidiendo que el personal pueda cumplir correctamente con sus funciones", señala la resolución.

Además, la Corte fue enfática en señalar que el hospital tenía el deber de actuar de manera inmediata: "Si esto no se está cumpliendo, deben aplicarse medidas correctivas de inmediato para proteger tanto a los trabajadores como a los pacientes", estableció el tribunal.

Obligaciones del hospital tras el fallo

El fallo ordena al Hospital de Puerto Montt adoptar una serie de medidas obligatorias:

1. Capacitación del personal: Se deben realizar programas de formación para que los funcionarios puedan atender adecuadamente a pacientes con trastornos psiquiátricos y judicializados.

2. Mayor seguridad: Se deben implementar medidas para resguardar la integridad de los trabajadores, evitando nuevas agresiones.

3. Atención digna para los pacientes: Se debe garantizar un tratamiento integral y de calidad a los menores internados en el área de psiquiatría.

La decisión no fue unánime. Los ministros Jessica González y el abogado integrante José Miguel Valdivia votaron en contra, argumentando que la gestión del hospital no podía considerarse arbitraria y que ya se estaban tomando acciones para mejorar la situación.

Otro caso similar: Funcionarios de CESFAM en Recoleta logran mejoras tras fallo judicial

Lo ocurrido en el Hospital de Puerto Montt no es un caso aislado. En Recoleta, 370 trabajadores del CESFAM Patricio Hevia enfrentaron una crisis similar cuando denunciaron las precarias condiciones en las que debían atender a los pacientes.

Desde hace más de dos años, este centro de salud funciona sin insumos básicos como guantes y jeringas, con techos rotos y baños en mal estado.

La falta de condiciones adecuadas llevó a que algunos procedimientos médicos se realizaran en pasillos y que las vacunas fueran almacenadas en el refrigerador del comedor del personal.

Cansados de esperar soluciones de la Municipalidad de Recoleta, los trabajadores recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, que falló a su favor en diciembre de 2024.

La Corte determinó que la situación era "arbitraria" y ordenó que las reparaciones se completen antes de julio de 2025.