Ad portas de marzo la ciudadanía se prepara para comenzar todos los clásicos trámites de esta época del año, como los gastos relacionados al inicio del año escolar o a la renovación de las patentes de los vehículos motorizados y con ello los permisos de circulación.

Sin embargo, durante el último período de Gobierno ha habido algunos cambios que deben aplicarse en el marco de los avances que busca concretar la administración especialmente en lo que respecta a la calidad de vida de las mujeres que crían a sus hijos solas sin la presencia de los padres.

Se trata de la ya promulgada Ley N°21.389 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, popularmente conocida como "Ley Papito Corazón", cuyo propósito es que los deudores de pensión de alimentos cumplan con su obligación de aportar económicamente a la madre para costear los gastos básicos de los menores de edad.

Esta normativa no solo creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, sino que también establece ciertas restricciones para forzar a pagar a aquellos progenitores que se rehúsen a entregar la manutención correspondiente establecida en la legislación en virtud del interés superior de los niños.

Licencias a más de tres mil personas que adeudan más de 17 mil millones de pesos en total

Entre otras prohibiciones destacan la de apostar en casas de juego, realizar transacciones de propiedades, la retención de los fondos de cuentas bancarias, instrumentos financieros de inversión y ahorros previsionales voluntarios si procede, la imposibilidad de renovar pasaportes y con ello, también, licencias de conducir.

Sin embargo, la Contraloría General de la República dio a conocer este jueves que detectó que 242 municipalidades han entregado desde noviembre de 2022 hasta septiembre de 2024 licencias de conducir a personas que se encuentran en la lista de deudores aún cuando esto es ilegal.

El órgano fiscalizador detalla en concreto que tres mil 432 personas han tenido acceso a su documento de conducción en las comunas de Antofagasta (172), La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111), entre otras, quienes en total adeudan la suma de $17.473.007.109.

"Si el funcionario municipal aprueba la licencia de conducir a un deudor de pensión, incurrirá en una responsabilidad disciplinaria, la que será sancionada con una multa de entre 10% y 50% de su remuneración", advirtió la entidad contralora.

Gobierno asegura haber realizado capacitaciones

Al respecto, la ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que es preocupante que la Contraloría descubra que "al menos 242 municipios entregaron licencias de conducir a personas que estaban en el registro de deudores, siendo que la ley lo prohíbe".

En ese sentido, Orellana declaró que "desde el Ministerio de la Mujer hemos trabajado agudamente en una mesa con distintos actores para dar a conocer la normativa y capacitar al respecto. Y además, hemos estado permanentemente fiscalizando que todas las instituciones que tienen obligaciones que cumplir (...) tengan acceso al registro".

La titular de la cartera encargada de impulsar estas iniciativas afirmó que "eso se ha cumplido y por lo tanto esperamos que los municipios, así como todas las instituciones, cumplan con lo que les obliga la ley, que en este caso es una medida de apremio, que es no renovar la licencia de conducir a quien está con deuda en el registro".