Patricio Aguilar Paulsen, presidente nacional de la Asociación Nacional de los Profesionales del Poder Judicial (Aprajud), es voz autorizada para visibilizar la compleja realidad que enfrentan los tribunales actualmente, por distintas razones que revela en diálogo con El Desconcierto.

“Esto viene de larga data, desde hace un buen tiempo, desde antes de la pandemia, el Poder Judicial ha recibido más de 50 leyes que han impuesto un trabajo adicional, como la responsabilidad penal adolescente, la ley para el cobro de las pensiones”, ejemplifica.

Lo que, según comenta, no ha venido aparejado de mayor dotación para enfrentar la demanda laboral derivada de las nuevas normativas, un específicamente 53, que se han generado durante la última década.

Más funcionarios, más jueces y mejor infraestructura, es lo que se requiere de acuerdo a lo que detalla nuestro entrevistado.

Una problemática que, recalca, no es menor. “El Ejecutivo propone normas”, el Congreso “las legisla”, pero nunca alguien se preocupa de quiénes tienen que resolverla, qué funcionarios. “Esto explotó con el tema de la pandemia, venimos con el atraso de esa época, sobre todo en los tribunales orales, que están sobrecargados”, releva.

“Es dramático”

Esto “es dramático”, resume. A lo que se suma que “la ciudadanía se ha acercado a tribunales, lo que es muy bueno, pero pidiéndonos que resolvamos sus problemas, y hemos dado todas las facilidades, pero ha generado una sobrecarga en los tribunales”, complementa.

La política del gobierno, comenta, consistente en “hacer un mejor esfuerzo para la persecución penal”, respecto de la “inseguridad que vive la ciudadanía, nos ha impactado a nosotros”, que somos el final de la cadena, luego de diversas etapas.

En consecuencia, plantea, “finalmente los más afectados somos nosotros, el sistema penitenciario”, también. Tanta es la demanda del sistema, que actualmente, revela Aguilar, “estamos en un récord histórico de prisión preventiva, eso significa el trabajo que hemos hecho en tribunales”.

Entregando cifras oficiales, detalla que actualmente el sistema penal, está integrado por “132.920 hombres y16.933 mujeres, eso significa 151 mil personas en el sistema de población penal”, entre “condenados, rematados, juveniles, adultos mujeres, la mitad son imputados, que están en prisión preventiva, pero no deja de ser un número gigantesco”.

No todos están en el sistema cerrado, que es en la cárcel directamente. También, detalla, hay quienes están en “libertad vigilada intensiva, en reclusión nocturna”.

Población penal subió en 20 mil personas en un año

Intentando evidenciar la sobrecarga de la población penal, recalca que en el 2023, a la misma fecha, había 131.854 personas integrando la población penal, en sistema abierto y semicerrado, “en un año hemos, aumentado en 20 mil más, esas 20 mil personas adicionales han pasado por el proceso judicial”, destaca.

“La pandemia generó retraso porque el país quedó congelado esos dos años”, cómo íbamos a abrir las salas de audiencia, cómo íbamos a hacer el control de detención, “hicimos todos los esfuerzos por hacerlo de manera remota”, y “todo lo pendiente, se reprogramó”, pero hasta el día de hoy estamos con casos surgidos durante la crisis sanitaria, dice.

De hecho, destaca, “todavía estamos con reagendamientos de aquella época, no es que estemos con listas de espera, estamos resoviendo lo atrasado, más todo lo nuevo que llega”, dentro de los plazos legales a los que está expuesto el sistema.

Sin embargo, comenta, “lo más importante es el aumento (de demanda) que hemos tenido ahora, si se suma todo, es dramático”.

“No es que a la persona que llegue ahora” porque la asaltaron, por ejemplo,le “vayamos a dilatar su situación, tratamos de actuar con rapidez”, pero además se está abordando todo lo pendiente, “no es que estemos con lista de espera”, aclara.

Tribunales de Familia con alza de 160% en escritos

Incluso, detalla Aguilar, en los Tribunales de Familia, desde el 2019 al 2024, "hemos tenido un aumento de 160% en los escritos”, considerando una repartición del sistema, en que “muchas cosas se resuelven por escrito”.

En su desglose, revela que el “2019 recibíamos, en promedio 317.600 escritos mensuales, cerrando el 2024, el promedio mensual recibimos más de 827 mil”.

Todo esto, comenta, “con la misma dotación, cuando hablamos de sobrecarga, es porque llega más trabajo”.

Inquietud que se ha traspasado en todas las instancias posible, sincera. “Han entregado algunos apoyos, algunos recursos, pero es insuficiente, estamos colapsados por lo mismo”, asegura.

Tribunales laborales en análoga situación

Y esa es una de las materias, que es Juzgados de Familia, recalca. Por mencionar otras áreas, apunta al ámbito de lo laboral. “En el 2019, ingresaban 47 mil escritos mensuales en juzgados laborales, a fines de 2024, fueron 76 mil escritos mensuales, un aumento de 72%”.

Y eso que Santiago hay sólo dos tribunales laborales, complementa. En Garantía, el año 2019 en escritos, resoluciones, recibíamos 160 mil escritos mensual de todos los Juzgados de Garantía del país, al año 2024, estamos hablando de 189 mil escritos mensuales, casi 18% de aumento.

“No hablo de audiencias ni sentencias, hablo del trabajo que hacemos nosotros en el tribunal”, dice evidenciando la envergadura de la demanda laboral.

En los juicios orales el 2019, se recibían promedio mensual 6.500 escritos, y al 2024, se recibían, promedio mensual 9.900 escritos, agrega. Todo lo cual está respaldado por la estadística oficial del Poder Judicial, destaca.

Se necesitan U$100 millones para reforzar operación

Con cuánta dotación se requiere reforzar el sistema es otra consulta que le formulamos a Aguilar. Según detalla, esta demanda derivada, independientemente de las más de 50 leyes extra de la última década, considera el incremento de la población, que involucra también, el alza de la migración.

Según el Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial 2030, la necesidad que tenemos hoy, pensando específicamente en las cortes de apelaciones, ilustra, es de "33 ministros más a nivel nacional, 22 relatores más, y 22 funcionarios más”.

Y para tribunales de primera instancia, que son laboral, familia, Tribunal Oral en lo Penal, Garantía, desglosa, "se requieren 377 jueces más, 30 consejeros técnicos y 2.218 funcionarios para enfrentar la necesidad de dotación extra”.

Esto significa, agrega, un presupuesto requerido de 100 millones de dólares más, sobre el presupuesto 2025, solamente para sustentar sueldos, como fortalecimiento adicional para cortes de apelaciones y tribunales de primera instancia.

El Poder Judicial, dice luego, recibió un recorte de 17 millones de dólares, que son 17 mil millones de pesos, del presupuesto 2025.

Hubo recorte presupuestario

"Teniendo la necesidad, más encima nos recortan 17 millones de dólares, nos quitan plata que teníamos asignada para funcionar este año, ese es el drama, estamos con sobrecarga de trabajo, terminando el stock de causas atrasadas, estamos teniendo un recorte presupuestario, en circunstancias de que lo que se requiere es una inyección de 100 millones de dólares", cuestiona.

Hablamos de recursos para poder implementar una mayor “dotación, no es para comprar autos, no es que queramos comprar mobiliario, es para aumenta dotación, porque lamentablemente el sistema de justicia se resuelve con personas”.

No se puede empujar el proceso productivo con inteligencia artificial no podemos poner una máquina, dice.

Porque, “el trabajo que nosotros hacemos es de personas que resuelven problemas de personas”, concluye recalcando que al sistema le faltan 2.218 funcionarios.