Un estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María estaba a punto de terminar su carrera cuando la institución le impidió rendir su examen de titulación porque tenía una deuda pendiente.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, a pesar de haber aprobado todas sus materias y cumplir con los requisitos académicos, la universidad le informó que no podía dar el examen final hasta que pagara casi diez millones de pesos en aranceles impagos.

Ante esta situación, el estudiante decidió presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que lo que hacía la universidad era injusto e ilegal.

Explicó que la ley prohíbe condicionar la titulación de los alumnos al pago de deudas y que la institución tenía otros medios para cobrarle sin afectarlo en su derecho a obtener el título.

Por su parte, la universidad defendió su postura diciendo que no le estaba exigiendo pagar de inmediato, sino que solo le pedía firmar un pagaré o entregar cheques para documentar la deuda antes de rendir su examen.

Según la institución, esto era una forma de asegurar el pago sin impedirle continuar con su proceso de titulación.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones falló a favor del estudiante. El tribunal determinó que la universidad no podía poner ninguna condición económica para permitir que el alumno diera su examen, ya que la ley establece claramente que no se pueden exigir pagos para la rendición de exámenes de grado o titulación.

También señaló que la institución tenía otras formas legales para cobrar lo que se le debía sin recurrir a este tipo de restricciones.

Además, la Corte consideró que esta medida era discriminatoria porque ponía al estudiante en una situación de desventaja respecto a otros alumnos en condiciones similares.

Por esta razón, ordenó a la universidad permitirle rendir su examen sin exigirle pagar ni firmar ningún documento relacionado con su deuda.