Hace unos días The Clinic reveló nuevos chats de Whatsapp del abogado Luis Hermosilla, quien permanece en prisión preventiva. Estos WhatsApp involucran a la Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, quien le habría realizado varios "favores" a Hermosilla, en pago a sus influencias realizadas junto a Andrés Chadwick para que fuera nombrada en su cargo.

Entre estos favores se incluye una asesoría en acciones legales que involucraban a Sebastián Piñera, en particular cuando se destapó el caso de Pandora Papers, donde se dio cuenta de la participación de la familia Piñera en la compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas (ver link)

El proyecto minero-portuario Dominga, ingresado a evaluación ambiental en 2017, busca la extracción de hierro y cobre en la región de Coquimbo, mediante una mina a cielo abierto y la construcción de un puerto para exportar los minerales. Los impactos ambientales de este proyecto incluyen la alteración de ecosistemas marinos y terrestres, la contaminación de fuentes de agua y la amenaza a la biodiversidad.

Es más, este proyecto se ubica cerca del Archipiélago de Humboldt, una zona de alto valor ecológico, hogar del pingüino de Humboldt, especie en peligro de extinción. Además, en el ámbito social, se destacan los riesgos de desplazamiento de comunidades locales, afectación de actividades pesqueras y consecuencias para la salud de la población.

El proyecto minero Dominga ha estado marcado por escándalos de corrupción desde su inicio. En 2020, los Pandora Papers revelaron que se firmaron contratos relacionados con Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. La familia Piñera, que poseía un 33% del proyecto, firmó un contrato por 152 millones de dólares para vender su participación a Carlos Délano, dueño del grupo Penta.

Este acuerdo incluía una tercera cuota sujeta a la condición de que la zona no fuera declarada como reserva natural o área de exclusión. Decisión que dependía del gobierno de Sebastián Piñera, quien, al no declarar la zona como reserva, permitió que se cumpliera la condición y el pago total a su familia. Sumado a esto, Piñera también impidió que se instalara el proyecto Barrancones que se había aprobado para operar en la misma zona, lo que favorecía la instalación de Dominga (ver “La trenza de poder de hermosilla y la jueza Sabaj” en Stock Disponible de Vía X, el Jueves 23 de enero).

Cuando surgieron intentos de investigar penalmente a Sebastián Piñera, Hermosilla, quien en ese momento actuaba prácticamente como su abogado, comenzó a coordinar esfuerzos para evitar que la investigación avanzara. Su principal argumento fue que el proyecto Dominga ya había sido investigado en 2017 por el fiscal Manuel Guerra, quien, como en otros casos de corrupción, cerró el caso sin llevar a cabo ninguna indagatoria.

Fue en este contexto cuando la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj se comunicó con Hermosilla para darle instrucciones sobre cómo impedir que las investigaciones contra Piñera prosperaran. Así, juntos redactaron un recurso de amparo que, con su ayuda, logró una votación favorable en la Corte de Apelaciones que Sabaj integraba.

Como si no fuera suficiente, las malas prácticas de Dominga continúan al día de hoy. El 4 de enero de este año, días antes de que el Comité de ministros para la Sustentabilidad votara nuevamente la aprobación o rechazo del proyecto minero Dominga por orden del Tribunal Ambiental, las comunidades denunciaron prácticas de Greenwashing en el Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS) celebrado en La Higuera, Región de Coquimbo, organizado por Balloon LATAM y financiado por empresas como Antofagasta Minerals y Coca-Cola.

Aunque se presentó como un espacio para promover emprendimientos locales y discutir la escasez hídrica, la comunidad lo percibió como una estrategia a favor de las grandes mineras, esto porque emprendedores de Los Choros se mostraron frustrados por no poder visibilizar sus emprendimientos y les hicieron dialogar con representantes del polémico proyecto minero-portuario Dominga.

El evento fue duramente criticado por ser un "lavado de imagen" para promover la "minería sustentable". Se acusó falta de transparencia y el uso simbólico del agua en las ceremonias, tachándolo de trivialización de los impactos ambientales de la minería en la Reserva Ecológica local.

Con todo, la pregunta que cabe hacerse es ¿se trata de un caso aislado o estamos frente a una receta común para aprobar proyectos de inversión extractivistas?

Lo que sabemos es que esta situación no es nueva en América Latina. Eduardo Gudynas nos advierte: “No hay extractivismo sin corrupción y sin violación de los derechos humanos y de la naturaleza… esta primicia básica da cuenta de un 'patrón' de comportamiento de todas las empresas extractivas que operan en los diversos países de América Latina” (Extractivismo y corrupción. Presentación Editorial Quimantú, diciembre 2018).

Sin duda, la preocupación por las malas prácticas empresariales del caso Dominga se extiende a otros proyectos de inversión y por eso es importante prestar mucha atención a lo que ocurre en el Congreso.

El 14 de enero, solo cinco días después del rechazo al proyecto minero portuario Dominga por el Comité de ministros, se llamó a una sesión extraordinaria de la comisión de medioambiente para tramitar “hasta total despacho” un proyecto de ley que eliminaría nada menos que el Comité de Ministros ¡Sí, el mismo órgano que rechazó Dominga!

Es más, la ministra de medioambiente Maisa Rojas, destacó el rápido avance de esta reforma a la ley Ambiental (ver link) sin mencionar los riesgos que la misma trae para la Naturaleza.

En estos momentos, junto al mencionado proyecto de ley existen otros que se tramitan en el Senado y forman parte de una agenda legislativa “contra la permisología”, un término inventado para culpar a la evaluación ambiental de la baja inversión, eludiendo responsabilidad respecto de la mala calidad de los proyectos de inversión (ver link).

Si estos proyectos de ley se aprueban, solo ganan los empresarios que quieren hacer las cosas como Dominga, pero pierden las comunidades, ecosistemas y habitantes de Chile. Básicamente, sin “permisología”, Dominga ya estaría aprobado.