A partir de enero de este año el sueldo mínimo subió hasta los $510.636. Un aumento gradual desde mayo de 2023, cuando el piso del salario se encontraba en $410.000. Cien mil pesos en dos años, gracias a un acuerdo alcanzado por el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Este incremento se ha realizado de manera escalonada: primero a $460.000, luego a $500.000 y ahora a $510.636, considerando el efecto de la inflación de 2,1% calculada entre julio y diciembre de 2024.

Un proceso que, según el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, permite que las empresas de menor tamaño puedan ir asimilando el aumento del salario mínimo. Esta estrategia, que incluye subsidios para las pymes hasta abril de 2025, busca hacer sostenible el incremento salarial.

"Sabemos que es una muy buena noticia para la ciudadanía, que los salarios, sobre todo los salarios mínimos, también se vayan ajustando a los efectos inflacionarios para no perder poder de compra", asegura en entrevista con El Desconcierto.

-¿Cuál será el impacto del aumento del sueldo mínimo considerando el acuerdo de incremento?

El acuerdo no solamente tiene valor por haber elevado el salario de manera significativa y gradual para que pudiera ser asimilado por las empresas de menor tamaño, sino que también es un acuerdo alcanzado con la Central Unitaria de Trabajadores. Las negociaciones con la CUT permitieron fijar montos y acordar gradualidades a lo largo del gobierno, además de incorporar mecanismos para aquilatar los efectos de la inflación.

En este último tramo, el alza de $500.000 a $510.636 refleja justamente un acuerdo establecido en la negociación: que la inflación de 2,1% entre julio y diciembre se expresara en el salario mínimo.

-¿A quiénes beneficia este aumento?

El salario mínimo afecta aproximadamente a un millón de personas, principalmente mujeres, y se paga fundamentalmente en empresas de menor tamaño, aunque también hay empresas grandes que pagan valores cercanos al mínimo. La gradualidad se implementó en escalones sucesivos: de $350.000 a $410.000, posteriormente a $460.000, después alcanzamos los $500.000 y hoy los $510.636. Además, hasta abril de 2025 está vigente un subsidio a las empresas de menor tamaño para acompañarlas en este proceso.

-¿Cómo evalúa el impacto que podría tener en las pequeñas y medianas empresas la suma de la ley de 40 horas, reforma de pensiones y aumento del sueldo mínimo?

Hay dos sellos relevantes en el conjunto de reformas laborales que hemos impulsado como gobierno. Por un lado, el diálogo social con los distintos actores, que ha permitido construir acuerdos y procesar las diferencias en el Congreso. La gran mayoría de las reformas laborales se han aprobado con una mayoría significativa, en algunos casos incluso alcanzando unanimidad.

Por otro lado, estas tres reformas - salario mínimo, 40 horas y reforma de pensiones - tienen componentes de gradualidad muy relevantes. Al revisar cómo otros países han transitado en este tipo de reformas, la gradualidad ha sido clave en las reformas laborales para evitar efectos negativos en el empleo.

Informalidad laboral en Chile

-¿Qué ocurre con el empleo informal?

De momento, las estadísticas oficiales de empleo no muestran efectos negativos por la reducción de jornada o el alza del salario mínimo. De hecho, la cifra de informalidad al terminar 2024 muestra valores significativamente bajos para lo que se venía observando en el mercado laboral chileno.

-¿Qué acciones está tomando el gobierno para reducir la informalidad laboral, especialmente considerando su impacto en las cotizaciones?

A nosotros como gobierno nos interesa reducir la informalidad laboral porque no entrega seguridad social a los trabajadores, quedan desprotegidos ante accidentes laborales, no cotizan para pensión, significa menor carga tributaria para el país y genera competencia desleal entre empresas formales e informales.

La informalidad laboral en Chile, desde que tenemos registro al menos desde 2017, se ha mantenido en una banda bastante rígida entre 26 y 30 puntos porcentuales. Solo durante la pandemia hubo una reducción importante, llegando a alrededor de 24 puntos, pero eso fue producto de los confinamientos masivos que impidieron que muchas personas que trabajan de manera informal en la vía pública pudieran ejercer estas labores.

Durante los primeros dos años de gobierno, impulsamos con mucha fuerza los IFE laborales para mujeres, jóvenes y personas mayores, que son los grupos con mayor rezago en el mercado laboral. Ya hemos visto que esas tasas de participación laboral se recuperaron en el último año.

-Hay un grupo importante de trabajadores informales que lo hacen en empresas formales...

Alrededor de 660.000 personas que trabajan en la informalidad lo hacen ahí. Son trabajadores que probablemente cumplen un horario, llegan a una oficina o faena, pero por distintas razones el empleador no les cotiza pensiones ni salud. Ese foco lo estamos trabajando con nuevos planes de fiscalización a través de la Dirección del Trabajo.

Además, esperamos enviar durante el primer semestre de 2025 una reforma a los subsidios laborales que permita incentivar mejor a los empleadores para que contraten trabajadores, especialmente jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, que son los grupos más rezagados.

-¿Qué medidas están tomando para mejorar los subsidios laborales e incentivar la contratación y la búsqueda de empleo?

Particularmente queremos avanzar de un mecanismo de subsidios que hoy día es disperso. Tienes un subsidio para contratar mujeres, un subsidio para jóvenes, otros subsidios que son montos muy pequeños que finalmente no hacen que un empleador tome una decisión de contratar a una nueva persona en su empresa, a un esquema de subsidios unificados, una ventanilla única donde se ponga un foco importante en un subsidio al empleador para que contrate y un subsidio al trabajador para que salga a buscar trabajo.

Ley 40 horas

-¿Qué evaluación hacen del primer año de implementación de las 40 horas y de la disminución de la primera hora en la jornada laboral?

Tenemos una alta valoración del primer año de la reforma. En buena medida porque fue una reforma muy dialogada que logró, salvo los votos del Partido Republicano en la Cámara Baja, una aprobación transversal y mucho respaldo ciudadano.

Esta no fue solo una reforma de reducción de jornada, sino una reforma a la jornada laboral. Se limita el uso del artículo 22 inciso segundo para contratar personas, se establecen mecanismos de conciliación para padres y madres con bandas horarias de ingreso al trabajo para facilitar el cuidado de niños, además de regular jornadas en distintos sectores productivos.

La gran mayoría de empresas redujo esta primera hora que correspondía en abril de 2024. Y muchas decidieron reducir inmediatamente la jornada a 40 horas por distintas razones: porque lo negociaron con el sindicato o porque creyeron que era una buena medida para fomentar mayor calidad de vida. Algunas empresas se dieron cuenta que una reducción dialogada con los trabajadores permitía hacer mejoras de productividad.

-¿Han detectado resistencias en la implementación?

También hay que decir que hubo un grupo de empresas que al inicio, sobre todo en el mundo del retail y de las farmacias, que intentó hacer una reducción de 15 minutos, pero eso ya está totalmente regularizado. Siempre hay empresas que pueden estar incumpliendo la norma y para eso la Dirección del Trabajo fiscaliza regularmente jornadas en sus planes de fiscalización.

Reforma de pensiones

-¿Qué impacto tendrá la reforma de pensiones en el empleo?

No hay mejor inversión que pueda hacer un país en su sociedad que entregar condiciones laborales dignas y seguridad social para toda la ciudadanía. Esa certidumbre de poder contar con jornadas razonables, salarios dignos, seguridad ante accidentes y pensiones dignas es una de las mejores inversiones, no solo por la calidad de vida y bienestar de las personas, sino porque permite robustecer la democracia y tener una sociedad más cohesionada.

La cotización adicional que realizarán los empleadores hasta alcanzar el 7% está puesta de manera gradual para ir aquilatando eventuales efectos en el mercado laboral. Hay un incentivo para cotizar porque estar formalizado y cotizar por muchos años tiene un efecto en la mejora de tu pensión. El alza de la PGU también va a colocar un piso de dignidad pero entendiendo que el pilar contributivo es el que permite entregar pensiones de mayor calidad.

-¿Cómo evalúa el legado del gobierno en materia laboral?

El legado en materia laboral tiene un componente de haber avanzado en trabajo decente de manera relevante: reducción de la jornada laboral, un aumento significativo del salario mínimo y varias leyes que apuntan a fortalecer lo que hoy se llaman derechos laborales de segunda generación, como la ley de conciliación de trabajo y vida familiar, la Ley Karin que permite abordar de manera distinta las situaciones de acoso y violencia en el trabajo.

También destaca la ratificación de algunos convenios de la OIT que, a través del diálogo social, no solamente permiten que el país avance en materia de trabajo decente, sino que también esos avances se hagan de manera dialogada y acordada. Son reformas que, en la medida que se lograron acordar con empleadores, trabajadores y amplias mayorías en el Congreso, van a ser estables en el tiempo.

Los mecanismos que desplegamos tanto en el primer año de la pandemia, cuando el mercado laboral estaba bastante resentido, y en distintas crisis como el cierre de Huachipato y otras emergencias, han sido también bastante exitosos para enfrentar esas coyunturas.

Negociación ramal

-Una de las materias pendientes para el gobierno en el ámbito laboral es la reforma sobre la negociación ramal ¿En qué punto se encuentra? ¿Están las condiciones en Chile para avanzar en esto?

Creemos que hay que fortalecer la negociación colectiva en el país. Si bien las tasas de sindicalización del orden de los 18-22 puntos no son tan distintas a otros países de la OCDE, la tasa de cobertura de esos acuerdos colectivos es muy baja.

La negociación colectiva es una herramienta que todos los países modernos, democráticos y desarrollados utilizan para redistribuir mejor la riqueza. También permite discutir cuestiones de futuro como las transformaciones tecnológicas, la automatización de procesos y la crisis climática que está cambiando la fisonomía productiva del país.

-¿Cuándo planean ingresarla?

Es una reforma que no solo estamos trabajando en el gobierno y el ministerio, sino que esperamos dialogar con los distintos actores. El mandato del presidente es que sigamos trabajando en esa dirección para lograr un buen proyecto que contribuya a estos desafíos. La meta es ingresarlo durante este año.