“El derecho al voto extranjero es un debate que debe dar la sociedad chilena”. Con esas palabras se refería en agosto del año pasado el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, a la posibilidad de limitar el voto extranjero. 

En entrevista con El Desconcierto, el ministro planteó que “el debate tiene que ver con quienes consideramos que deben participar en las decisiones de carácter político de nuestro país”, esto en referencia a la tramitación de la reforma que habilitó el voto obligatorio en las elecciones comunales y regionales. 

En dicho debate, el ministro ya había intentado -infructuosamente- limitar el voto extranjero al proponer que no se les aplicara multa por no sufragar. Y ahora, en el contexto de la reforma electoral que regulará la obligación constitucional de voto obligatorio, el Ejecutivo terminó por ingresar una serie de indicaciones que restringen y elevan los estándares para que ciudadanos extranjeros puedan votar en las elecciones políticas nacionales. 

El paquete de indicaciones, ingresado el pasado 24 de enero a la Comisión de Gobierno Interior del Senado, apunta a introducir cuatro modificaciones relevantes al momento de habilitar a extranjeros para sufragar. 

El primero es exceptuar del pago de la multa por no votar a quienes estén incorporados al padrón electoral extranjero. Es decir, aquellos ciudadanos extranjeros habilitados para votar, no deberán pagar la multa fijada entre 0,5 y 5 UTM por no votar. 

Asimismo, se limita el acceso a votaciones remitiendo sólo el derecho a votar en elecciones locales (municipales). En este caso, los ciudadanos extranjeros quedarían al margen de la elección presidencial, las parlamentarias, elección de gobernadores y plebiscitos políticos. 

Por otra parte, se aumentan los requisitos a los ciudadanos extranjeros para ser incluidos en el padrón electoral. En caso de aprobarse la reforma, sólo podrían votar quienes tengan residencia definitiva y no los avecindados como lo señala la legislación vigente.

Por último, como último requisito, se solicitará “presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen, el cual no podrá tener una antigüedad superior a treinta días corridos”.

Los flancos que amenazan al proyecto

Según la última cifra publicada por el Servel, 786.470 extranjeros estuvieron habilitados para sufragar en las pasadas elecciones, lo que representó un 5,1% del padrón total. 

Si bien la Segpres no ha compartido proyecciones sobre cuánto se reduciría el padrón, lo cierto es que inmediatamente quedarían fuera de estas elecciones los ciudadanos extranjeros al ser una elección política y local. 

En ese sentido, la derecha se vería afectada en su rendimiento electoral. Sondeos de opinión y estudios indican que el padrón electoral extranjero en Chile suele inclinarse por candidatos de derecha. 

Por lo mismo, en la oposición ya alertaron del posible “interés” electoral del gobierno para legislar esta materia. 

“Pasaron las elecciones y se dieron cuenta de que el voto migrante no era tan de izquierda como pensaban, y ahora lo están limitando principalmente por razones electorales. No puede ser que haya un cambio en 180° en cuatro años, cuando pasaron dos elecciones que no les gustaron. Es muy evidente el caso”, aseguró Álvaro Bellolio, exdirector de Migraciones en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. 

En el Congreso también hubo reacciones al ingreso de indicaciones. El sensor y presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel José Ossandón (RN) aseguró no ser partidario de excluir a los extranjeros de las elecciones, pero sí de aumentar los requisitos. 

“Yo creo que es necesario poner más requisitos a los extranjeros para votar, no negarles el voto. Por lo menos, podría ser que tengan un mínimo de cinco años de residencia definitiva y ahí voto obligatorio igual que todos los chilenos, pero que sea gente seria y que le interese lo que pasa en Chile”, expuso el parlamentario.

Su par Iván Flores (DC) acusó directamente una intención electoral detrás de las modificaciones al proyecto. “Empezar a hacer cálculos electorales para restar a personas que efectivamente han estado hace mucho rato en Chile y se van a seguir quedando en Chile, que son los extranjeros regularizados, a mí me parece que eso es sacar la calculadora. Yo creo que es un cálculo electoral”, emplazó el senador. 

Por su parte, la jefa de bancada de diputados Demócratas, Joanna Pérez, acusó que “el gobierno busca ganar elecciones por secretaría”. 

“No corresponde igualar a una persona que está respondiendo a una migración ordenada, regular y segura, con las personas que, por ejemplo, ingresan por pasos no habilitados, que son integrantes de bandas como El Tren de Aragua”, sentenció la diputada.