Al ministro Álvaro Elizalde se le ve más relajado. ¿La razón? El martes de esta semana se aprobó en la Cámara el veto presidencial que destrabó la reforma electoral. Y es que el hito no es para menos; tras más de cuatro meses de tramitación, de rechazos en diversas instancias legislativas y múltiples polémicas respecto a la obligatoriedad del voto o la participación de la población extranjera, el proyecto vio la luz con una rotunda votación a favor. 

En el Senado, la propuesta recibió 43 votos a favor de 45 posibles. Mientras que en la Cámara, el veto fue visado con 138 apoyos y sólo dos en contra. Ese dato, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia lo repite con orgullo: “Pese a las declaraciones muchas veces estridentes de algunos sectores, el veto presidencial tuvo un apoyo transversal”, dice en esta entrevista. 

También repite que “la tramitación del proyecto no fue fácil”, en razón de las polémicas que envolvieron el debate: el monto de la multa para quienes no votan y el derecho al voto extranjero. 

Sobre esto último, Elizalde asegura que “el derecho al voto extranjero es un debate que debe dar la sociedad chilena” y hace hincapié en que “si uno compara con otros países del mundo, por regla general está excluido el voto de los extranjeros”.

—¿Por qué se complicó tanto la tramitación?

La tramitación no fue fácil porque en distintas etapas hubo oposición de distintos sectores a ciertos aspectos del proyecto. Incluso, en la idea de legislar una parte importante de la oposición votó en contra. Y de no haberse aprobado la idea de legislar, no habría habido ningún tipo de sanción para quienes no voten en las elecciones de este año. También, sectores del oficialismo votaron en contra de otros aspectos importantes de la ley. En razón de eso, el Presidente Boric, al aprobarse un texto que estaba vacío del contenido esencial, decidió ejercer la atribución constitucional del veto. 

Finalmente, pese a las declaraciones muchas veces estridentes de algunos sectores, el veto presidencial tuvo un apoyo transversal y fue aprobado por 43 de los 45 senadores presentes en la sesión respectiva y 138 de los 140 diputados presentes en la sesión de este martes. En este sentido, valoramos que haya habido disposición de aprobar esta legislación respecto de algunas normativas que se aplican solo para esta elección y otras que son de carácter permanente, como es el caso de la regulación de la propaganda en redes sociales y la derogación de la llamada ley seca.

—Uno de los motivos por lo que se complicó la tramitación fue por el voto extranjero ¿Por qué usted, en la comisión mixta, antes de que pasara a la Sala del Senado el proyecto, hizo la distinción entre elector y ciudadano, siendo que ese tema no se había tocado previamente? 

Cuando el proyecto fue rechazado en la Cámara de Diputados, hicimos un levantamiento de las aprehensiones por las cuales algunos parlamentarios habían votado en contra de la iniciativa. Algunos estaban en desacuerdo con el ajuste del aporte a las campañas, otros con la votación en dos días, y también hubo sectores estuvieron en desacuerdo con la sanción por no votar, porque la consideraban era muy alta. Y hay quienes plantearon también que en Chile no se había dado el debate respecto de a quienes debía aplicarse la sanción. Por tanto, cuando voy a la comisión mixta, hago la advertencia con el objeto de abrir un debate para construir un acuerdo que permitiera que el texto se aprobara. Incluso señalé que bastaba media hora más de conversación para generar las condiciones para que el texto se aprobara, advirtiendo que en caso contrario se corría el riesgo de que fuera rechazado. Y es lo que aconteció. 

El llamado que hicimos como gobierno fue hacer un esfuerzo para generar un texto que tuviera apoyo transversal y finalmente asegurar que la propuesta se aprobara. Lamentablemente no se dio ese espacio. Y solo fue posible una vez que el Presidente de la República presentó el veto. 

—Esa es la explicación política, pero sobre el debate de fondo ¿por qué se hace esta salvedad?

Respecto del tema de fondo, Chile tuvo voto obligatorio, hasta el año 2012. Y la sanción sólo se aplicaba a los ciudadanos, no al conjunto de electores. En la Constitución del 25, los extranjeros residentes podían votar a elecciones de nivel local. Y en la Constitución del 80 se consagra el derecho a voto de los extranjeros residentes en todos los niveles. Pero no ha habido un debate en nuestro país sobre ese tema, solo sobre la obligatoriedad del voto. Por eso se restablece el voto obligatorio en una reforma constitucional del año 2022 luego de que fuera voluntario. 

Han sido debates profundos que se han desarrollado en el sistema político, pero no se ha dado el debate respecto de la procedencia de la participación de extranjeros residentes en elecciones de todos niveles. Y si uno compara la legislación que existe en otros países del mundo, son casos excepcionales en los que se autoriza que los extranjeros voten para elegir, por ejemplo, al jefe de Estado o jefe de gobierno. Tan solo están autorizados para participar en elecciones de carácter local o regional. Y en los casos que así ocurre, no hay inscripción automática, ni sanción en caso del incumplimiento.

—Que es lo que ocurre aquí en Chile.

Exactamente. Por lo mismo, este es un debate que se tiene que dar. Sin ir más lejos, la propia bancada de senadores UDI presentó en mayo de este año un proyecto de ley que modifica toda la normativa respecto a ciudadanía y nacionalidad donde expresamente se excluye a los extranjeros residentes de la participación en elecciones de carácter nacional.

—¿Y cuál es la postura del gobierno sobre el voto extranjero?

Nosotros hemos señalado que la obligatoriedad y el derecho al voto extranjero es un debate que se debe dar en nuestra sociedad, sobre todo porque existe una demografía distinta de la que existía cuando se discutió esta normativa. Por tanto, el debate tiene que ver con quienes consideramos que deben participar en las decisiones de carácter político de nuestro país. Y si uno compara con otros países del mundo, por regla general está excluido el voto de los extranjeros y los países lo autorizan solo en elecciones de carácter local o regional. Así que ese es parte del debate que habrá que dar en la sociedad chilena.

—¿Ese debate se debe dar en la tramitación de la ley larga que regula el voto obligatorio?

Son cuestiones distintas, porque esta es una materia que está regulada a nivel constitucional y hay otras materias que están reguladas solo a nivel legal y por tanto son iniciativas que si se discuten, van a tener que discutirse en paralelo.

—En el primer bosquejo, por así decirlo, del veto presidencial que alcanzó a ser firmado por el presidente Boric se excluía a las embarazadas y a los mayores de 70 por la multa. ¿Se intentó reducir el universo de personas que tuvieran asociado una multa si es que no votaban?

Sobre ese punto, el texto presentado al Senado es aquel del que se da cuenta en la Sala y por tanto desde ese momento es un texto oficial. En ese sentido, el veto no consideró esas hipótesis. Sí, podríamos decir que circularon textos alternativos dentro de los cuales se consideraban más hipótesis para excluir la obligación del voto, pero se decidió no introducir innovaciones significativas respecto de la regulación que se aplicó en los plebiscitos pasados. Sobre todo, porque la causal genérica para justificar el no votar es la más importante, que es el impedimento grave.

—Pero también se rebajó la multa a 33.000 pesos.

La multa no se rebajó, porque el piso establecido en los procesos constituyentes anteriores era de 0,5 UTM

—Pero no se alcanza el máximo de las 2 UTM que sí se consideró en las elecciones anteriores.

Lo que se rebaja es el techo, pero se mantiene el piso y por regla general la multa que se aplica es el piso.

—¿Pero eso no es un desincentivo para que se ejerza el voto de forma obligatoria?

Cuando nosotros hacemos el levantamiento respecto a las razones por las cuales distintas bancadas habían votado en contra, uno de los puntos que más se nos planteó es que habían quienes consideraban que la multa era excesiva de acuerdo a la situación económica de nuestro país y que por tanto tendría que hacerse una corrección. Y hay quienes propusieron incluso rebajar el piso. Finalmente se optó por esta propuesta en que se mantiene el piso de las sanciones que se aplicaron para los procesos constituyentes pasados y se rebajó el techo. No debemos olvidar que cuando el presidente debe vetar es porque el proyecto fue rechazado.Y si el veto hubiese tenido el mismo contenido del proyecto original probablemente también habría sido rechazado. Para no correr el riesgo de que se volviera a rechazar la propuesta, se consideraron estas miradas que apuntaban a rebajar la multa. 

—Ahora toca la discusión de la ley larga que va a regular el voto de aquí para todas las elecciones que vengan. ¿Hay algún plazo para que el gobierno comience a activar la discusión en el Senado?

Hay un proyecto de ley al respecto. Pero de todas maneras se tienen que resolver ciertos aspectos técnicos sobre la forma de aplicación de la sanción. Y por tanto se está trabajando con las instituciones correspondientes una propuesta específica que será la que nosotros presentemos. 

—¿Pero no hay apuro para tramitar el proyecto? Porque esta tramitación fue larga y compleja, y ahora viene la elección. ¿No existe el riesgo de que los distintos sectores políticos acusen de que se va a legislar con los resultados de las elecciones en mano?

Bueno, mayor razón para hacer un esfuerzo de diálogo que nos permita generar un texto que tenga un apoyo transversal. La principal lección que podemos sacar de los rechazos al proyecto de dos días es que debió existir voluntad de todos los actores de sentarse a conversar para consensuar un texto que acogiera distintas miradas, porque estas son normas de quórum que requieren apoyo transversal. No basta con que un sector político las apoye. Se requiere de un apoyo mayoritario de todos los sectores.

—¿El gobierno está convencido de que el voto debe seguir siendo obligatorio?

Es un mandato constitucional, pero también hemos señalado que se tiene que debatir respecto a quién se aplica esa obligatoriedad porque ese debate en Chile no se ha dado con profundidad.

—Hace algunos meses se planteó la idea de abrir el debate sobre una reforma al sistema político. ¿Usted ve necesario que se avance en ese debate considerando los niveles de fragmentación que exhibe hoy el Parlamento?

Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Se requiere generar desincentivos a la fragmentación. Lo vemos en el trabajo parlamentario. Nunca antes habían existido tantos partidos con representación parlamentaria. Y muchos de estos partidos tienen profundas coincidencias ideológicas. Entonces uno se pregunta por qué existe tal diversidad de partidos en el mismo sector. Eso, a mi juicio, responde a caudillismos, liderazgos personales, pero no a contenidos de fondo. Y lo que necesitamos es que quienes comparten determinadas visiones trabajen unidos para promover una determinada visión de país. Solo de esa manera se facilita el diálogo político y se contribuye a generar acuerdos mucho más amplios. 

—Entonces ve como una necesidad acelerar esta discusión…

De lo que estamos convencidos que es necesario introducir en nuestro sistema político incentivos contra la atomización y contra la división. 

—Sin una ley de por medio, el Frente Amplio avanzó en su unificación ¿fue una buena señal para la política?

Sin duda, el caso del Frente Amplio es un buen ejemplo que puede ser imitado por otros sectores políticos. Tres partidos en donde habían diferencias, pero también profundas coincidencias, que finalmente convergieron en una sola fuerza política. Creemos que es necesario generar incentivos para que ejemplos de esta naturaleza se repitan. De manera tal que tengamos partidos más fuertes, más representativos, con mayor peso en la sociedad, con mayor respaldo electoral, lo que contribuiría decididamente a un mejor sistema político. Y en donde prime, sobre todo, el debate en el ámbito de las ideas por sobre los caudillismos o liderazgos personales.

—¿Y ese debate el gobierno tiene pensado promoverlo de aquí a qué termine su administración?

Este es un debate en que los partidos políticos tienen un rol fundamental. Y como gobierno hemos señalado que son los propios partidos políticos son los que deben generar una propuesta. Pero obviamente el gobierno va a actuar facilitando ese diálogo para fomentar que se llegue a buenos acuerdos.

—Más allá de su visión como ministro, sino que como político, considerando los años que ha ejercido como parlamentario, ¿cree que el sistema político está en crisis? Así lo han planteado muchas voces desde el mismo Congreso

Enfrentamos hoy día un proceso de atomización como nunca había ocurrido en Chile. En algún momento llegamos a tener 21 partidos con representación parlamentaria, lo que es un nivel récord desde que recuperamos la democracia. Por cierto, hoy tenemos un sistema proporcional en que se expresa la diversidad de la sociedad chilena. Pero, insisto, cuando hay partidos en que sus parlamentarios tienen las mismas visiones, y una parte se separa por problemas personales, eso da cuenta de que el debate en el ámbito de las ideas no está teniendo el peso que requiere en una democracia de alto estándar.

—No alcanza para crisis entonces

Hay dificultades en nuestro sistema político que tienen que ser subsanadas o resueltas, y hay que generar los mecanismos, adecuados para que así sea.