Durante meses, la directora de un colegio en Algarrobo enfrentó una fuerte campaña en redes sociales que la acusaba de maltratar a una alumna.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, todo comenzó cuando una apoderada afirmó en Facebook que su hija había sido agredida físicamente por la docente.

Pronto, otros apoderados se sumaron a las acusaciones, y el administrador de una página local en la misma red social amplificó la denuncia.

La situación se agravó cuando una candidata a concejal organizó manifestaciones frente al colegio, exigiendo la destitución de la directora.

A pesar de que la acusada negó las acusaciones y trató de explicar su versión de los hechos, la situación se salió de control.

Su nombre y su foto fueron expuestos públicamente, y los comentarios en redes sociales la describían como una persona agresiva y violenta.

Esta campaña de desprestigio dañó gravemente su imagen y generó un ambiente hostil en su lugar de trabajo.

Finalmente, decidió recurrir a la justicia para frenar la difusión de estas publicaciones y limpiar su nombre.

Inicialmente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó su solicitud, señalando que quienes publicaron los mensajes solo estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y que varias publicaciones ya habían sido eliminadas antes del juicio.

Sin embargo, la Corte Suprema revocó esa decisión y falló a favor de la directora.

El máximo tribunal explicó que la libertad de expresión no permite acusar falsamente a una persona ni incitar a su funa pública.

Señaló que, en este caso, la difusión de publicaciones en redes sociales afectó gravemente la reputación y la vida profesional de la afectada, lo que constituye una vulneración de su derecho a la honra.

Además, la Corte dejó en claro que si alguien tiene sospechas sobre una posible agresión en un colegio, debe recurrir a las instituciones correspondientes y no difundir acusaciones en redes sociales sin pruebas.

Por esta razón, la Corte Suprema ordenó a los responsables eliminar todas las publicaciones y comentarios en Facebook que mencionaban a la directora, dándoles un plazo de cinco días para hacerlo.

Uno de los jueces votó en contra de esta decisión, argumentando que la Constitución protege tanto la honra de las personas como la libertad de expresión y que la directora podría haber presentado una demanda por calumnias en vez de usar el recurso de protección.