La maternidad forzada de niñas víctimas de violación constituye tortura, según un reciente pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este dictamen surge tras analizar casos de niñas en Ecuador y Nicaragua que fueron obligadas a llevar a término embarazos derivados de agresiones sexuales, vulnerando sus derechos fundamentales.

El Comité enfatizó que estos actos no solo constituyen una violación al derecho a la vida digna, sino que también perpetúan discriminación estructural contra niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

“Obligar a una niña a continuar con un embarazo producto de violación no solo es cruel e inhumano, sino que también refleja la falta de protección estatal hacia sus derechos más básicos. Esta omisión equivale a tortura”, afirmó Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

El dictamen subraya la necesidad de garantizar que las niñas víctimas de violencia sexual tengan acceso efectivo a servicios de aborto y atención integral, además de exigir justicia frente a los responsables de estos actos.

Contexto en Chile

La declaración de la ONU llega en un momento crítico para Chile, donde las leyes actuales permiten el aborto bajo tres causales: riesgo de vida para la mujer o persona gestante, inviabilidad fetal, y violación. Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado, y casos recientes han evidenciado fallos en la implementación de estas garantías legales.

“Este pronunciamiento tiene implicancias directas para el Estado chileno. En el contexto del desarrollo de una nueva ley, debemos garantizar que ninguna niña sea revictimizada por barreras legales o sociales en el acceso al aborto legal. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas que eliminen las barreras a los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. La legislación no debe quedarse en el papel; debe aplicarse de manera efectiva.

Esto implica poder reabrir el debate de la implementación de la Educación Sexual Integral en los sistemas educativos, la constante capacitación de las instituciones para intervenir de manera activa y siempre en miras del resguardo y respeto de los derechos de las niñas y adolescentes”, afirmó Ingrid Villena Narbona, Presidenta de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir

El caso de una niña de 13 años criminalizada en Chile

En Chile, a través de un informe presentado por Corporación Miles, se conoció recientemente el caso de una niña de 13 años que fue criminalizada tras abortar bajo la causal de violación, a pesar de contar con la autorización de un adulto responsable. Este caso, que generó indignación en colectivos feministas, refleja las barreras estructurales y el estigma que enfrentan las niñas al intentar ejercer sus derechos.

“Esta situación es una muestra de cómo el sistema judicial chileno y todos actores fallan en proteger a las niñas. Se trataba de un aborto legal, bajo una de las tres causales reconocidas por la ley, y aún así se la criminalizó, en un absurdo total, considerando que las niñas menores de 14 legalmente no puede consentir en un acto sexual y por lo tanto son victimas. Este tipo de acciones no solo perpetúan la violencia contra las niñas, sino que envían un mensaje devastador sobre la falta de prioridad que damos a sus derechos. El pronunciamiento de la ONU debe ser un llamado de atención urgente”, afirmó Siomara Molina, Coordinadora de la Asamblea Permanente por la legalización del aborto

La urgencia de una respuesta estatal

La ONU ha dejado claro que los Estados deben tomar medidas inmediatas para combatir la violencia sexual y garantizar que las niñas tengan acceso efectivo a educación sexual integral, servicios de aborto, y protección frente a embarazos forzados.

En Chile, colectivos feministas instan a que estos estándares internacionales sean incorporados en el debate legislativo actual, asegurando un enfoque que priorice la despenalización, dignidad y los derechos de niñas y adolescentes.