Hace un par de días, Fares Jadue, alcalde de Recoleta, fue agredido y amenazado de muerte en las inmediaciones de la Vega Central. Mientras se encontraba con vecinos conversando justamente sobre las problemáticas del barrio, el alcalde y su equipo fueron abordados por un grupo de personas que viven y venden irregularmente en el sector. El conflicto se da por las sospechas de mafias que operarían en el lugar. Tras ser amedrentados con armas blancas, el alcalde y los funcionarios municipales fueron retirados por seguridad.

Este hecho grafica una cuestión que, a la vez que preocupante, resulta interesantísima. Entre el alcalde y el amenazante, en ese momento y lugar específico, Bellavista con Avenida Recoleta, hubo una línea fronteriza que demarcaba dos zonas en contienda; una línea límite que, según quien diera un paso adelante, y quien uno atrás, implicaba, figurativamente hablando, el avance o el retroceso del Estado.

A propósito de esto, me gustaría detenerme justamente en la idea de línea fronteriza entre Estado y no-Estado, y cómo y por qué en los últimos seis años esta se ha vuelto crítica. 

Para partir, una premisa: mientras mayor es la hegemonía de un sector político gobernante, más omnipotente parece el Estado. Voy de nuevo: mientras mayor es la adhesión de la sociedad civil respecto al proyecto político de los sectores gobernantes, más ilimitada se percibe a nivel social la potencia estatal.

Aquí es necesario hacer una aclaración conceptual que esperaría no hacer, pero bueno…: esta premisa no tiene nada que ver con la forma en que los liberales libertarios perciben la función estatal. Ellos mutilan cualquier teoría del Estado a partir de un binomio francamente pobre: Estado o libertad.

Ante ese recorte simplista, cabe recordar que tanto para la hegemonía de un proyecto izquierdista, como para la de uno derechista, el Estado debe, estratégicamente, percibirse omnipotente; ya sea, en uno, para la redistribución económico-social de la riqueza, o, en el otro, para la protección de la propiedad privada de los grandes capitales, la presunta ilimitación del Estado es fundamental para garantizar el despliegue del respectivo proyecto político. 

En Chile, desde el 2019 a la fecha, la descomposición del orden hegemónico binominal, ese de los “30 años” del pacto Concertación-Alianza por Chile, se ha ido acelerando y, por lo tanto, han producido lo contrario a una hegemonía fuerte: es decir, una visibilización problemática de los límites estatales.

Durante el estallido, por ejemplo, la capacidad de fuerza del Estado se vio sobrepasada. Eso, justamente, por debilidad política del gobierno de Piñera, que hizo de Carabineros su primera línea defensiva.

Un relato de Laura Landaeta y Víctor Herrero, en su libro La revuelta, es ilustrativo: en un momento dado, los carabineros que resguardaban La Moneda, sin posibilidad de refuerzos, estuvieron a 30 minutos de quedarse sin perdigones, lacrimógenas y agua. Ante la orden expresa del alto mando encargado de la zona de no recurrir a munición pesada, es decir, de no masacrar, los manifestantes, como por milagro para el gobierno, sencillamente se aburrieron y se dispersaron.

El envión del estallido, entonces, hizo palpable el límite de la fuerza estatal, pero, sobre todo -mediante sus demandas-, visibilizó el límite de la seguridad social. De allí el intento posterior de reparar su frontera expuesta por medio de un proceso constitucional, pero que, sabemos, fracasó. El Estado, entonces, siguió siendo el mismo. 

El problema de la seguridad social, que fue el que hizo aparecer en 2019 a esos millones de comunes y corrientes ingobernables, fue desplazado, post-pandemia, por el problema de la seguridad pública. El crimen organizado apareció como un nuevo estresor estatal pero desde un límite distinto: el frontal. Si el estallido social mostró el límite inferior del Estado, el crimen organizado muestra y estresa el límite delantero, con un objetivo completamente contrario al propósito ético del 2019: control territorial para el crecimiento del imperio narcotraficante.

Con límites estatales visibles, el crimen organizado tiene la posibilidad de conmensurar al Estado. Al conmensurarlo, es capaz de tomarle el pulso a sus capacidades e incapacidades: los límites de las policías, de la fiscalía, de las municipalidades, del gobierno, etc., pero también, las relacionadas al límite inferior; es decir, tomarle el pulso a las carencias sociales, lo que les permite una estrategia a la Pablo Escobar: ayudas sociales para fidelizar el apoyo de sectores pauperizados, como el de quienes viven en la calle. 

Esto, sin embargo, no termina aquí: en los últimos meses hemos asistido a la muestra de una tercera línea límite, la superior, expuesta y estresada por las redes de corrupción de Hermosilla, Chadwick, la Corte Suprema, la PDI, etc. En tiempos de crimen organizado sabemos lo peligroso que es tener un flanco expuesto en la línea superior: una posible infiltración en las altas esferas dirigentes cuya consumación es el narco-Estado.

Un Estado, entonces, con límites expuestos por abajo, por arriba y por delante como resultado de una hegemonía política decadente, pero -y he aquí lo trágico-, sin perspectivas de una hegemonía nueva. Menudo escenario este que, como campo fértil, envalentona al crimen organizado y hace que quien desafíe a la autoridad lo haga, de facto, trazando la línea límite entre Estado y no-Estado con problemática visibilidad.

El frustrado atentado con autobomba en el Tribunal de Garantía y de Juicio Oral de Arica por parte de Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua, es probablemente el ejemplo más sintomático de esto, no obstante encontremos en lo que le sucedió al alcalde de Recoleta y su equipo un ejemplo a micro-escala de esta crítica exposición de la conmensurabilidad estatal.