“Con permiso para destruir”: Balance Ambiental y los retos en materia forestal para 2025 según Fundación Terram
El último balance ambiental de Fundación Terram se titula “Con permiso para destruir”, en el documento se analizan los hechos ambientales más importantes del 2024, a partir de un punto de vista crítico con la actuación del Gobierno y las tareas para el país.
Este destaca puntos bajos y altos en varias materias, una de ellas el área forestal, sector que estuvo marcado por el megaincendio que consumió alrededor de 9.200 hectáreas en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana; y la larga tramitación legislativa del proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Sernafor).
“Ante los distintos fenómenos que amenazan el medio rural y forestal del país, como los incendios forestales cada vez más frecuentes o la proliferación de parcelaciones con fines residenciales, deviene de especial relevancia agilizar aspectos regulatorios que mejoren la gestión, prevención y fiscalización de estos procesos”, expresó Pablo Madrid, investigador y coautor del capítulo de forestal.
Institucionalidad Forestal
De acuerdo al informe, el marco institucional forestal chileno, a cargo de la Conaf, ha revelado defectos de gestión y coordinación, en un marco cada vez más complejo para la conservación de las formaciones vegetacionales del país, como se experimentó en los últimos incendios estivales de 2024.
Madrid se refirió a la necesidad para que “tanto el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que ya lleva siete años de tramitación en el Congreso, como el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, sean materias urgentes para el legislativo, dado que el actual escenario requiere de nuevas y mejores capacidades, junto con un adecuado presupuesto para contar con personal especializado en la generación de conocimiento y en el despliegue territorial para labores de inspección y fiscalización”.
Ley de parcelaciones
El proyecto de ley para la Protección del territorio y la vida rural, conocido también como Ley de Parcelaciones, fue ingresado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y Diputadas en julio de 2024.
Su propósito es abordar el crecimiento desmedido e irregular de las divisiones de terrenos con fines residenciales, cuyos impactos van desde la fragmentación de ecosistemas hasta la pérdida de suelos agrícolas.
Respecto a la configuración física que determina el proyecto, se establecen las siguientes condiciones: no menos de un 70% para usos agropecuarios o de conservación; un 20% al emplazamiento de instalaciones complementarias a las actividades de conservación o agropecuarias; y un 10% para destino habitacional.
En tanto, Madrid se pregunta si estas parcelaciones impedirán finalmente la fragmentación de ecosistemas o la pérdida de suelos agrícolas, dado que esta conformación se orienta a cada predio resultante y no al conjunto predial.
Entonces, la habilitación de caminos, construcción de infraestructura y otras intervenciones podrían mantener, e incluso aumentar, la trayectoria de cambio de uso de suelo y pérdida de biodiversidad que el territorio ha experimentado por las parcelaciones.
Actualización DS 68
En cuanto al Decreto Supremo N° 68, desde la fundación destacan que es altamente relevante ya que, a través del listado publicado por el Ministerio de Agricultura, en base a lo establecido en el artículo 2° N° 13 de la Ley N° 20.283 sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal, se determinan las especies arbóreas y arbustivas de Chile que deberían ser consideradas en la identificación de la vegetación para las evaluaciones ambientales de proyectos de inversión.
En estricto rigor, este decreto no establece categorías de conservación, pero sí lo hace con las especies nativas que deberían ser identificadas en las líneas de base de dichos proyectos.
Acerca de esto, Flavia Liberona, directora ejecutiva y coautora del capítulo, sostiene que “en este registro se deberían incorporar unas 1.200 especies, las cuales en su mayoría habitan en ecosistemas mediterráneos. Esto obligaría a que los proyectos las identificaran en los procesos de evaluación ambiental y evitaría que fueran arrasadas como ocurre actualmente”.
Es posible revisar el documento completo aquí.