Este inicio de 2025 se rechazó por tercera vez el proyecto minero portuario Dominga, en una sesión del Comité de Ministros que generó polémicas hasta último minuto por la incertidumbre de quiénes la iban a componer, luego de que se inhabilitaran las y los ministros por haberse pronunciado anteriormente sobre el proyecto.

En esta ocasión, el Comité tuvo prohibido evaluar materias que el Tribunal Ambiental consideró como saldadas. Una de ellas es el impacto que tendría el proyecto en el medio marino, que es el punto que ha generado más controversia y preocupación desde los gremios pescadores y científicos.

Entre las materias que sí pudo evaluar el Comité de Ministros, se consideraron especialmente dos aspectos que le valieron el rechazo al mega proyecto. Uno de ellos es la falta de un plan de contingencia adecuado para hacer frente a eventos como derrames de petróleo o de concentrado de hierro.

Esta situación fue considerada como sumamente relevante debido a que la zona donde se instalaría el proyecto, en el Archipiélago de Humboldt, es un área marina protegida donde especies de ballenas y pingüinos en peligro de extinción encuentran un refugio único para alimentarse y reproducirse.

En segundo lugar, se consideró de gravedad la falta de información sobre los impactos que tendría el proyecto en dos especies de plantas que solo existen en el centro norte de Chile y que están vulnerables o en peligro de extinción: el pacul y la algarrobilla.

Desde el Comité de Ministros se relevó que CONAF ha hecho observaciones a lo largo de la evaluación ambiental del proyecto, relevando la falta de información sobre estas especies, y el importante rol ecosistémico que cumplen.

División en la comunidad

Como suele ocurrir en relación a grandes proyectos de inversión con impacto ambiental, están quienes desde la zona celebraron el nuevo rechazo al proyecto Dominga. Entre ellos, hay sindicatos de pescadores, agrupaciones de agricultores y del gremio de turismo de naturaleza, que ven el proyecto como una amenaza a sus modos de vida y a sus empleos, que dependen de la biodiversidad marina del lugar.

A ellos, se contrapusieron organizaciones locales que manifiestan su apoyo al proyecto, ya que lo ven como una oportunidad para generar nuevos puestos laborales en la zona. Dirigentes gremiales de este sector declaran que la empresa titular de Dominga, Andes Iron, ha trabajado en el territorio junto a sus agrupaciones a pesar de no estar operando aún, demostrando el compromiso de la empresa con el lugar.

Alternativas de desarrollo

Desde estas organizaciones también reclaman por el escaso avance de un proyecto que prometió el ministro de Economía, Nicolás Grau, cuando se rechazó por segunda vez el proyecto en 2023, para impulsar alternativas de desarrollo y emprendimiento en la zona.

Se trata de un Plan Zonas Rezagadas que, a pesar de estar ejecutándose, según los gremios a favor del proyecto esto aún no se traduce en iniciativas concretas. El plan contempla una inversión de $580 mil millones, con 260 iniciativas para potenciar las caletas, los servicios de agua potable rural y la conectividad en la zona.

Desde la oposición al proyecto también se ha manifestado la necesidad de generar un acompañamiento a las comunidades de la zona para generar alternativas de desarrollo que no dependan de la minería. Es el caso de la bancada de diputados del Partido Socialista, que a fin de año se declaró en contra del proyecto y llamó al Gobierno a apoyar la búsqueda de alternativas laborales sustentables en la zona.