Los retrasos en los pagos de pensiones de invalidez han alcanzado niveles críticos, con una deuda que supera los 3 mil millones de pesos y atrasos de más de un año en el pago a médicos interconsultores, quienes evalúan las solicitudes.

Esta situación ha afectado directamente a personas con discapacidad que dependen de estos ingresos para subsistir.

“Las AFP y las compañías aseguradoras siguen comportándose de manera miserable con los pensionados de invalidez", denunció la diputada Gael Yeomans (FA).

Además, agregó que "se han retrasado en el pago de los médicos interconsultores y en el pago de las pensiones de invalidez, responsabilidad que tienen directamente las AFP y las aseguradoras”,

El conflicto no es nuevo. En 2018, una comisión investigadora reveló que las AFP aplicaban un “control de siniestralidad” para reducir las aprobaciones de pensiones y maximizar sus márgenes de ganancia.

Además, se expusieron correos electrónicos donde ejecutivos felicitaban a sus equipos por disminuir el número de beneficiarios.

Actualmente, existen dos proyectos de ley en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Uno busca modificar la composición de las comisiones médicas de invalidez, eliminando la influencia de las AFP, mientras que el otro pretende prohibir que las aseguradoras vinculadas a las AFP gestionen los seguros de invalidez y sobrevivencia.

“La Superintendencia tiene la facultad para fiscalizar a cada AFP, y eso es lo que estamos exigiendo. No podemos permitir que miles de personas sigan esperando por algo que es un derecho”, concluyó la diputada Yeomans.