Un ciudadano dominicano, llegó a Chile en 2017. Desde entonces, ha vivido Punta Arenas, donde vive con su madre, quien cuenta con residencia definitiva, y su hijo chileno de seis años.

Además, tiene una relación estable con su pareja, con quien firmó un Acuerdo de Unión Civil, y trabaja de manera formal en un negocio familiar.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Migraciones ordenó su expulsión del país y le prohibió regresar durante 20 años.

Según el fallo judicial, la decisión se basó en una condena de 2023 por tráfico de pequeñas cantidades de drogas, por la cual cumplió una pena de 818 días de cárcel y pagó una multa.

Aunque el dominicano presentó sus descargos explicando su situación familiar y entregó documentos que respaldaban su arraigo en Chile, estos antecedentes no fueron considerados adecuadamente por la autoridad migratoria.

El caso fue llevado ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que decidió mantener la expulsión, argumentando que la condena era razón suficiente para justificar su salida del país.

El hombre dominicano llevó su caso ante la Corte Suprema, donde su situación fue revisada con mayor detalle.

El máximo tribunal determinó que la autoridad migratoria no evaluó correctamente el impacto que tendría la expulsión del hombre dominicano en su hijo chileno ni en su núcleo familiar.

Las leyes chilenas y tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen que las decisiones administrativas deben siempre considerar el bienestar de los menores y proteger la unidad familiar.

Además, la Corte Suprema advirtió errores en el análisis de los documentos presentados por el dominicano, lo que llevó a una decisión incompleta y carente de justificación suficiente.

Finalmente, la Corte Suprema anuló la orden de expulsión y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones revisar nuevamente el caso, esta vez considerando todos los antecedentes familiares y priorizando el bienestar del hijo del hombre dominicano.