Un hombre comenzó a estudiar Ingeniería en Administración de Negocios en 2010 en la Universidad Central de Chile.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, para financiar su carrera, obtuvo el Crédito con Aval del Estado (CAE), que cubría gran parte del costo de sus estudios.

A pesar de esto, la universidad le cobró el arancel completo, incluyendo montos que ya habían sido cubiertos por el crédito.

Durante años, este hombre y su familia pagaron los aranceles mediante cheques, pero al revisar los registros, descubrieron que la universidad había recibido pagos dobles: una parte del CAE y otra directamente de ellos.

Esto generó un excedente que nunca les fue devuelto, lo que llevó a este hombre y su apoderado a presentar una demanda en 2018 para recuperar el dinero que estimaban en más de $8 millones.

En un primer juicio, el tribunal rechazó la demanda porque no se logró probar la totalidad del monto reclamado.

Sin embargo, reconoció que había un excedente de $1.448.498 correspondiente al año 2012.

Tras apelar la decisión, la Corte de Apelaciones ordenó a la universidad devolver dos montos: $1.363.313 por el año 2010 y $1.448.498 por el año 2012, además de aplicar reajustes e intereses.

La universidad, disconforme con el fallo, recurrió a la Corte Suprema.

Finalmente, en noviembre de 2024, la Corte Suprema resolvió que la universidad debía devolver $1.448.498 a este hombre, pero sin incluir los intereses, ya que estos no habían sido solicitados en la demanda original.

El fallo también confirmó que la devolución debía ajustarse a la inflación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).