En mayo de 2020, una doctora emitió una licencia médica por 21 días a una paciente, justificándola con diagnósticos relacionados con salud mental.

Sin embargo, y según se puede apreciar en el fallo judicial, esta licencia fue cuestionada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la Región Metropolitana, que aseguró que no había fundamentos médicos suficientes para respaldar el reposo extendido.

Este hecho dio inicio a una investigación que terminaría con una sanción para la profesional.

La denuncia fue presentada por la presidenta de la Compin, Silvana Díaz Vera, y motivó a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) a revisar los antecedentes.

Tras analizar la situación, el organismo determinó que la doctora había cometido una falta grave, ya que los documentos aportados no detallaban aspectos clave del estado de la paciente, como la evolución de su condición o los ajustes en el tratamiento.

Esto llevó a que se aplicara una multa de 7,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a unos $500.000 aproximadamente.

Inconforme con la sanción, la doctora presentó un reclamo en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que su licencia estaba fundamentada y que no se habían considerado todos los informes médicos que entregó en su defensa.

Además, acusó que la investigación vulneró principios básicos como el derecho al debido proceso y que la multa era desproporcionada.

Sin embargo, la Corte revisó el caso y concluyó que la Superintendencia actuó correctamente. En su fallo, explicó que el procedimiento fue llevado a cabo siguiendo las leyes vigentes y que la decisión de multar a la doctora estaba fundamentada en pruebas claras.

También señaló que la profesional había emitido un número inusualmente alto de licencias médicas, superando ampliamente el promedio de otros médicos.