En Punta Arenas, una abuela paterna enfrentó una orden de arresto nocturno porque no pudo pagar una pensión alimenticia de $500.000 decretada a favor de sus nietos.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, la mujer explicó que no tenía ingresos suficientes, ya que su única fuente de dinero era una pensión de $100.000 que recibe su hijo con síndrome de Down, de quien es cuidadora a tiempo completo.

Además, argumentó que la ley no permite aplicar medidas tan severas como el arresto a los abuelos, quienes tienen una responsabilidad secundaria en estos casos.

El problema comenzó cuando la madre de los niños demandó a la abuela porque consideró insuficiente la pensión que debía pagar el padre.

El tribunal ordenó que tanto el padre como la abuela pagaran partes iguales de los $500.000 mensuales.

Al no poder cumplir con ese monto, la abuela acumuló una deuda y se emitió la orden de arresto nocturno.

La mujer presentó un recurso de amparo, argumentando que esta medida vulneraba sus derechos y que no tenía los medios para pagar.

La Corte de Punta Arenas revisó el caso y anuló la orden, señalando que la ley sólo permite el arresto nocturno en casos donde los responsables principales del pago son los padres, cónyuges o hijos, pero no los abuelos.

Además, destacó que no se consideraron las dificultades personales de la mujer, como su rol de cuidadora y su situación económica.

Con este fallo, la Corte no solo dejó sin efecto el arresto, sino que también recordó que las medidas de este tipo deben aplicarse con estricta adherencia a la ley y con sensibilidad hacia las condiciones de las personas afectadas.