El abogado Nelson Hadad, exembajador de Chile en Jordania, Irak, Egipto y Ecuador, junto a los juristas Rodolfo Marcone, Francisco Chahuán, Roberto Mayorga, Juan Banderas y Hassan Zerán, lideró a 620 abogados nacionales que denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La denuncia, presentada en diciembre de 2023 y ratificada en abril de 2024, fue clave para las órdenes de arresto emitidas por la CPI recientemente.

En entrevista con El Desconcierto, advierte sobre las presiones internacionales que enfrenta el tribunal y critica el poder de veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. "No es posible que un solo voto se oponga a lo que piensan 193 países", afirma.

-¿Cuál fue el trabajo que realizaron con los abogados chilenos ante la Corte Penal Internacional?

Me correspondió coordinar dos procesos fundamentales. Lo primero fue lograr unir a 620 abogados chilenos de todo el país para patrocinar una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional por los registros de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra Benjamin Netanyahu y Yohan Bukalán. Esta denuncia la presentamos en diciembre de 2023 y posteriormente, en abril, viajamos personalmente a La Haya donde nos entrevistamos con las autoridades y entregamos pruebas y evidencias factuales que acreditaban la comisión de delitos. Este trabajo fue especialmente importante para la resolución que tomó posteriormente el fiscal Karen Khan al decretar las órdenes de arresto. Es relevante señalar que, en comparación con otros países como Francia, que con 22 millones de habitantes presentó 192 firmas, nosotros siendo 19 millones logramos reunir 620 firmas, lo que causó un gran impacto en la Fiscalía y en la Oficina de Atención de Víctimas de la Corte.

-¿Qué tipo de evidencia presentaron?

La Corte nos solicitó ir más allá de los anuncios genéricos sobre las víctimas. En ese momento hablábamos de 30.000 muertos, hoy son 44.000. Nos pidieron confeccionar un catastro detallado con fichas individuales de cada una de las personas asesinadas. Esto fue una prueba fáctica determinante para la resolución que tomó el fiscal. Presentamos estas fichas a la oficina de atención de víctimas y a la fiscalía, lo que resultó crucial para determinar la continuación práctica de los delitos cometidos, especialmente en lo referente al bombardeo indiscriminado e intencional de escuelas y zonas residenciales que se construyeron en el puerto. Fuimos los únicos que, además de hacer la presentación inicial, viajamos a La Haya con la prueba fáctica de los distintos casos.

-¿Cómo fue ese trabajo de documentación?

Fue un trabajo muy exhaustivo y detallado que requirió un esfuerzo significativo. Tuvimos que recoger las confesiones de los parientes de las víctimas asesinadas, tanto en árabe como en inglés, con testimonios presenciales que detallaban cómo habían sido los bombardeos de la aviación israelí. Nos concentramos especialmente en documentar los ataques a edificios donde se lanzaban bombas de mil y dos mil libras con espoleta retardada, lo que significa que la bomba cae en el edificio, baja hasta el sótano, y ahí se activa la espoleta y explota, haciendo que el edificio colapse íntegramente. Esta documentación detallada fue fundamental para demostrar el patrón sistemático de los ataques.

-¿Qué opina sobre el anuncio de Francia de que no detendrá a Netanyahu?

Me resulta profundamente penoso. El presidente Macron dijo que Francia firmó el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, pero al día siguiente afirmó que el primer ministro de Israel en ejercicio del cargo no podía ser detenido. Esto es jurídicamente incorrecto. Si revisa el artículo 27 del Estatuto de Roma, puede darse cuenta que no existe ninguna excepción sobre si los imputados están en el ejercicio del cargo de presidente o primer ministro. La Corte no distingue la aplicabilidad de la detención según la situación del imputado, sea que ocupe el cargo de primer ministro o sea un simple soldado o civil que ha cometido estos delitos. No hay distinción alguna en el Estatuto.

-¿Está siendo la Corte Penal Internacional objeto de amedrentamiento?

Las presiones contra la Corte Penal Internacional son inaceptables y antijurídicas. El gobierno del presidente Biden, junto con los llamados "amigos de la Corte" -Francia, Inglaterra y Alemania- están intentando, a través de amenazas y amedrentamientos, evitar que se dicten estas órdenes de arresto. La situación llegó a tal punto que 93 países tuvieron que reunirse para entregar su apoyo al fiscal para que continuara con la investigación. Estas presiones vulneran el derecho internacional y constituyen un delito específico contemplado en el artículo séptimo del Estatuto de Roma; la obstrucción de la justicia. Los tribunales internacionales se basan en dos principios fundamentales: la autonomía y la independencia para cumplir su función jurisdiccional, y eso es lo que están vulnerando con amenazas como la cancelación de visados al personal de la Corte o el recorte de recursos económicos.

-¿Qué rol podría cumplir Estados Unidos con Trump en la Casa Blanca?

Es fundamental entender que necesitamos una reforma urgente del sistema de Naciones Unidas, específicamente en la composición del Consejo de Seguridad y la regulación del veto. No es posible que los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial mantengan el control cuando hay potencias como Japón, Alemania o India, con 1.500 millones de habitantes, que no están en el Consejo. Estamos proponiendo aumentar los miembros permanentes de 5 a 9, manteniendo a los actuales pero incluyendo a Sudáfrica, India, Alemania y Japón. Para las votaciones se requeriría una mayoría de cinco votos, incluso para ejercer el veto. No puede continuar la situación actual donde el voto unilateral de Estados Unidos, ejercido sistemáticamente en protección de su aliado Israel, puede oponerse a lo que piensan 193 países. En 89 oportunidades, Estados Unidos ha vetado resoluciones que afectan a Israel por incumplimientos de la Carta, y en nueve ocasiones ha objetado la petición de expulsión de Israel por el desacato reiterado a las obligaciones que le impone como miembro la Carta de Naciones Unidas.

-¿Cómo analiza el alto al fuego que está negociando Israel con Líbano?

Me alegro del anuncio, pero hay que ser claros: no es una oferta gratuita de Israel. Las bajas que ha tenido Israel en su enfrentamiento con Hezbollah son mucho mayores de lo que se admite oficialmente. Ellos hablan de 500 soldados, pero la cifra real se acerca a los 5.000. No ha sido fácil para Israel penetrar en zonas bajo el control de Hezbollah. Es importante entender que Hezbollah no es solo una milicia, es un partido político con representación parlamentaria y una mayoría de diputados, aunque tiene un brazo armado. El acuerdo que se está negociando significaría el reemplazo de las fuerzas de Hezbollah por el ejército regular del Líbano en la línea demarcatoria establecida por la resolución 1701, que puso un alto al fuego y una separación de fuerzas bajo la bandera de la ONU tras el conflicto de 2006. Sin embargo, son treguas muy débiles de 60 días y hay que considerar que en el Líbano ya hay casi 4.000 fallecidos y un millón de desplazados. Israel está violando la soberanía territorial y la integridad de un país independiente, miembro de Naciones Unidas, como es el Líbano.

-¿Cómo se relaciona esto con la situación política de Netanyahu dentro del propio Israel?

Esta acción militar en el Líbano es lo que le ha permitido la sobrevivencia política a Netanyahu. Aparte de los cargos de corrupción que tiene, que han sido postergados en razón de la guerra, ya el Supremo israelí le comunicó que no podía aceptar más dilaciones y que tenía que enfrentar la justicia. Además, hay una importante fracción de la sociedad israelí que le está pidiendo la renuncia y está llamando a elecciones anticipadas porque Netanyahu ya dejó de darle prioridad al rescate de los rehenes. Hay nuevas conversaciones para lograr un acuerdo con Hamás, pero ellos han sido muy claros: el retiro israelí de Gaza debe ser definitivo para un intercambio real de los rehenes con los presos políticos palestinos, especialmente aquellos que ya han cumplido más de 20 años de prisión, como es el caso de Marwan Barghouti, quien podría ser la figura política que una y tenga un gran apoyo en la calle palestina y a nivel de los partidos y las facciones palestinas, incluyendo a Hamás.

-¿Cuál sería una solución al conflicto?

Este conflicto no tiene una solución militar, tiene una solución democrática que es la de dos Estados, Palestina e Israel, conviviendo en paz, seguridad y buena vecindad uno al lado del otro bajo las fronteras previas a los hechos de 1967, con Jerusalén como capital reconocida internacionalmente. Esta es la solución que aspira la inmensa mayoría de la comunidad internacional e incluso Estados Unidos está a favor. Pero esto requiere dos condiciones imperantes: primero, el fin de la ocupación militar sobre los territorios ocupados que data de 1967, y en segundo lugar, el desmantelamiento y evacuación de los 750.000 colonos que están ilegalmente en los territorios ocupados, lo que llamamos los asentamientos israelíes en Cisjordania. Estos dos puntos fueron ratificados el 18 de julio por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en un fallo 14 a 1 que declaró la invalidez de la ocupación militar de los territorios palestinos ocupados y ordenó su inmediato término. La única manera de que pueda existir un Estado palestino independiente que pueda negociar después con Israel es justamente el fin de la ocupación militar.

-¿Cómo evalúa el rol del gobierno de Gabriel Boric en este conflicto?

La política exterior chilena se basa en dos hechos conductores fundamentales: el respeto irrestricto al valor universal de los derechos humanos en todas las circunstancias, en todo tiempo y en todo lugar, y la adhesión al derecho internacional, a la legalidad internacional, al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. En eso se ha basado el presidente Boric para tomar sus decisiones en relación con Palestina.

-¿Y con respecto a la relación con el embajador israelí Gil Artzyeli?

Él se ha excedido en sus atribuciones al ofender a diputados y al presidente. Las convenciones de Viena que regulan las relaciones diplomáticas entre los Estados implican que un embajador acreditado no puede intervenir en la política interna de los países. Por mucho menos hay países que declaran personas non gratas a estos embajadores o simplemente indican cortar sus relaciones diplomáticas.