En la recta final de su tramitación se encuentra el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa hoy está siendo tramitada en comisión mixta de Seguridad a raíz de las diversas diferencias que han surgido como lo es el rol de “sheriff” que se propone para las regiones, los requisitos para dicho cargo, las facultades de inteligencia que tendría el subsecretario —punto delicado a raíz del caso Monsalve— o las atribuciones de la cartera de Interior. 

En lo medular, el proyecto propone separar las funciones que tiene a su cargo Interior. Por una parte, el ministerio liderado actualmente por Carolina Tohá tendrá la labor de coordinar el gabinete ministerial, fijando por ley esta tarea que hoy de facto ya es ejercida; y por otra el Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo las policías y facultades propias para coordinar labores de seguridad. 

Ambas carteras tendrán las correspondiente sus correspondientes subsecretarias, en el caso de Seguridad estaría el subsecretario directo de la cartera y el de Prevención del Delito que hoy figura en interior.

Igual de importante, es el nuevo cargo que se propone para las regiones. Se trata de un funcionario o funcionaria que será representante del Ministerio de Seguridad en cada una de las 16 regiones del país, cargo que tendrá facultades directas para mandatar las policías y representar al ministro o ministra de Seguridad. 

El nuevo “sheriff” regional

La creación de este nuevo cargo, que ha sido bautizado por el momento de “sheriff” regional ante la falta de nombre, no ha estado exenta de polémica y por distintos motivos. 

Uno de los aspectos que ha concentrado el debate es la naturaleza del cargo. La última propuesta del Ejecutivo descartó que éste fuera un seremi o el mismo delegado presidencial, que al día de hoy cumple el rol de coordinar gestiones de seguridad. 

Por el contrario, el ministerio propuso la creación de los consejos regionales de seguridad y prevención del delito que estará a cargo de un funcionario nombrado por el ministro de Seguridad. Asimismo, se indica que quien sea nombrado deberá tener una edad superior a los 30 años y tendrá que contar con título de educación superior de más de ocho semestres. 

Esto último generó una áspera discusión en la última sesión de la comisión mixta, instancia en que la senadora y presidenta del PS transmitió sus reparos a la ministra Tohá que estaba presente en la sesión.

“Hay una confusión respecto del cargo que se va a crear. Yo entiendo que es un seremi, da lo mismo el nombre que le pongamos, porque hasta donde yo sé los seremis son representantes de los ministros en la regiones. Por lo tanto, son de designación política más allá de la materia que requiere especialidades. No legislemos pensando en Santiago, porque allá puede haber muchos expertos, pero no en todas las regiones hay una variada gama de personas con esos requisitos”, apuntó Vodanovic.

Dicho planteamiento fue respaldado por otros parlamentarios que apuntaron a que el perfil del representante regional de Seguridad debe ser político, más que técnico, y que no puede tener más requisitos que el mismo ministro para ejercer el cargo. 

Consultado por El Desconcierto, el presidente de la mixta de Seguridad, Iván Flores (DC), señala que “la figura del representante del Ministerio de Seguridad Pública en las regiones es algo que hay que redefinir. Ya están dadas sus tareas, sus atribuciones, pero creo que hay que modificar las exigencias. No puede ser que un encargado de seguridad regional tenga que cumplir más requisitos que un ministro de Estado. O sea se supone que un ministro de Estado es quien conduce la institución, y no puede tener menos requisitos ser ministro que el que se le va a exigir a este representante de seguridad”. 

Por su parte, la ministra Tohá aludió a que estos “cargos son más técnicos con una visibilidad ciudadana distinta. Si no se ponen requisitos la posibilidad de que queden a cargo de la seguridad una persona no competente es mucho mayor”.

Atribuciones de Interior y subsecretarias

Otra de las discusiones que se ha dado en el marco de la tramitación es la separación de funciones. En su momento, la oposición fue contraria a que Interior quedara como la cartera jefa de gabinete, sin embargo el punto pudo ser destrabado y hoy existe acuerdo para que el ministro sea, ahora por ley, el líder político sólo detrás del Presidente de la República. 

“Ya sin las funciones de órdenes de seguridad, el Ministerio del Interior se va a dedicar a coordinar el gabinete, que hoy lo hace de facto, pero va a quedar por ley, para que lo coordine políticamente, y también puede articular mejor el gobierno”, explica el senador Flores. 

No obstante, el caso Monsalve sacó a la palestra un cambio importante de atribuciones que ya era un acuerdo: la facultad de los subsecretarios para pedir informes de inteligencia por parte de las policías. 

Ante los antecedentes que han surgido, que dicen relación con que Monsalve habría encargado diligencias a funcionarios de la PDI para efectos de establecer su defensa en la denuncia por violación, la indicación quedó sin sustento.

“Definitivamente les vamos a quitar a los subsecretarios, tanto del Interior como de Prevención del Delito, la facultad que se le había otorgado para pedir informes, información o trabajos a los sistemas de inteligencia. Se las vamos a quitar. Monsalve fue la piedra de tope que nos hizo ver que el único que puede pedir esta información es el ministro o ministra de seguridad, nadie más”, sentencia Flores.