Permisología es el concepto que se ha popularizado para hablar de la supuesta burocracia del Estado, que hace demorar la aprobación de proyectos de inversión que quieren instalarse en el país. Pero en el caso de la evaluación ambiental, existen diferencias sobre el origen de las demoras: mientras que las empresas culpan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la directora del servicio responde que son las empresas las que piden extensiones de plazo.

Este debate se materializó en los últimos días de octubre, cuando la directora del SEA, Valentina Durán, escribió una carta respondiendo a una nota de El Mercurio que hablaba sobre la superación del plazo legal de evaluación ambiental de proyectos en todas las regiones del país.

El estudio citado por El Mercurio fue ejecutado por la Universidad San Sebastián, y releva en especial los casos de Valparaíso y La Araucanía, donde 8 de cada 10 permisos incumplen los tiempos máximos de tramitación.

“Quisiera afirmar categóricamente que el Servicio de Evaluación Ambiental no presenta retrasos y cumple siempre con los plazos legales, sin excepción, en todo Chile”, declaró en su carta al director Valentina Durán, afirmando que recibió la nota de El Mercurio “con gran sorpresa e incredulidad” y que habrían estado “encantados de ser consultados para la elaboración de dicho artículo”.

¿Por qué se atrasan los proyectos?

Según la base de datos abierta del SEA, la evaluación de proyectos se alarga a raíz de los días de suspensión, que pueden ser solicitados por la empresa titular del proyecto o por el SEA, y que no se cuentan dentro de los días legales de tramitación.

Para los proyectos evaluados a través de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el plazo máximo de evaluación es de 180 días. Desde 2022 hasta la fecha, la tramitación legal para estos proyectos en el país se ha demorado 166 días. Pero si se contemplan los días de suspensión, la tramitación de los proyectos se demora en promedio 1102 días.

La base de datos también muestra cuántos de estos días de suspensión fueron solicitados por el SEA y cuantos fueron solicitados por la empresa. Para los proyectos evaluados a través de EIA desde 2022 hasta la fecha, en promedio se otorgaron 808 días de suspensión solicitados por la empresa titular del proyecto, mientras que los días de suspensión solicitados por el servicio fueron en promedio 49 días.

Los datos respaldan los dichos de Durán en su carta, donde declara que, para los casos de La Araucanía y Valparaíso, que fueron especialmente abordadas por el artículo, “el mayor porcentaje del tiempo de evaluación ambiental se debió a suspensiones solicitadas por las empresas para agregar información faltante y responder consultas ciudadanas para acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental”.

Elevadas exigencias o información deficiente

Los datos ilustran otro debate que se ha dado en el marco de la evaluación ambiental de proyectos: las empresas suelen apuntar el dedo a las elevadas exigencias ambientales del servicio.

Desde el SEA, por su parte, se alude a la información deficiente que entregan las empresas en una primer instancia, y que luego corrigen a lo largo de la evaluación, necesitando muchos días de suspensión para poder completar la información.