Un hombre fue detenido el 18 de septiembre de 1973 mientras trabajaba en el Ministerio de Defensa.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, desde ese momento, comenzó un largo calvario que lo llevó a ser torturado en diferentes centros de detención, como el Estadio Nacional y el campo de prisioneros de Chacabuco.

Su arresto y las torturas que sufrió, sin ninguna causa justificada, dejaron profundas secuelas emocionales y físicas en él y su familia.

Años después, y tras una larga lucha, el hombre presentó una demanda contra el Estado, buscando justicia por los abusos vividos durante la dictadura.

El Tercer Juzgado Civil de Santiago falló a favor del hombre y condenó al fisco a pagarle 30 millones de pesos por daño moral.

En su sentencia, la jueza Soledad Araneda Undurraga rechazó los argumentos del Estado, que intentaba evitar el pago alegando que ya había recibido compensaciones previas y que el caso estaba prescrito.

Sin embargo, la magistrada determinó que, dado que se trataba de un crimen de lesa humanidad, la prescripción no aplicaba y las reparaciones anteriores no excluían la posibilidad de nuevas indemnizaciones.

El tribunal también destacó que las secuelas psicológicas de las torturas, documentadas en un informe de un psicólogo, no solo afectaron al hombre, sino que también impactaron a su familia, creando un trauma que se ha transmitido de generación en generación.

Aunque la jueza reconoció que era difícil calcular el valor exacto del sufrimiento causado, estableció la indemnización basándose en la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y el largo periodo de detención y tortura que sufrió este hombre.