Un pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal vivió una serie de conflictos dentro de la congregación que culminaron con su expulsión del Ministerio Pastoral y su traslado a otra localidad.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el pastor, que había servido en la iglesia de Michaihue, en Concepción, fue informado de su expulsión en abril de 2024, tras ser acusado de generar divisiones dentro de la congregación y de informalidad en sus cultos.

Sin embargo, el pastor sostuvo que la verdadera razón detrás de su expulsión fue su denuncia de irregularidades dentro de la iglesia, incluyendo casos de abuso sexual y fraude.

El pastor afirmó que nunca tuvo la oportunidad de defenderse adecuadamente y que las acusaciones en su contra carecían de pruebas sólidas.

Además, denunció que había sido hostigado por otros pastores después de haber expuesto las malas prácticas dentro de la iglesia.

Esta situación culminó en su traslado forzado a la localidad de Lanco, lo que, según el pastor, fue una represalia por sus denuncias.

Al no acatar el traslado y continuar oficiando en Michaihue, el pastor fue formalmente expulsado de la iglesia, lo que lo llevó a presentar un recurso ante la Corte de Concepción, alegando que su expulsión había sido arbitraria e ilegal.

Tras analizar el caso, la Corte determinó que la expulsión del pastor no había sido fundamentada adecuadamente, ya que no se explicaron de manera clara las razones detrás de su sanción.

Además, el tribunal señaló que no se respetó el derecho del pastor a un debido proceso, ya que no se le permitió presentar una defensa adecuada ni acceder a la información necesaria para comprender los cargos en su contra.

Finalmente, la Corte falló a favor del pastor, declarando que la expulsión era arbitraria y desproporcionada.

La iglesia fue ordenada a reincorporar al pastor a sus funciones habituales en la iglesia de Michaihue y a dejar sin efecto su traslado.