Una ciudadana haitiana que llevaba más de siete años viviendo en Chile, casada con un compatriota que tiene residencia definitiva, fue obligada a enfrentarse a la posibilidad de ser expulsada del país.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esto ocurrió después de que las autoridades migratorias rechazaran su solicitud para regularizar su situación, argumentando que no había presentado un certificado de antecedentes penales de su país, el cual debía estar debidamente apostillado.

A pesar de su arraigo en Chile, con un trabajo estable y una familia, la orden era clara: debía abandonar el país.

Frente a esta decisión, la mujer presentó un recurso para evitar ser expulsada. Su caso llegó hasta la Corte Suprema, donde los jueces analizaron su situación y los antecedentes presentados.

Finalmente, en un fallo unánime, la Corte determinó que la decisión de las autoridades migratorias era injusta y desproporcionada.

El tribunal consideró que no se había tomado en cuenta el tiempo que la mujer llevaba en Chile, su vida familiar, y las dificultades humanitarias en Haití.

La Corte Suprema decidió que la orden de expulsión debía anularse, permitiendo que la mujer continúe el proceso para regularizar su situación migratoria.

Las autoridades deberán esperar a que ella presente el certificado de antecedentes que faltaba para poder revisar nuevamente su caso y tomar una decisión, esta vez, considerando todas las circunstancias personales y familiares que la rodean.