En el marco del caso conocido como el “fraude en Carabineros”, Arturo Max Rojas Henríquez fue condenado por su participación en un esquema de desvío de fondos públicos que involucró a varios miembros de la institución y civiles externos.

Entre los años 2006 y 2017, se descubrió que altos funcionarios de Carabineros formaron una organización criminal destinada a sustraer dinero de cuentas institucionales.

Arturo Max Rojas, sin ser funcionario activo, permitió que su cuenta bancaria fuera utilizada para recibir más de 43 millones de pesos provenientes de la cuenta de “Valores en Tránsito” de Carabineros, los cuales eran transferidos bajo instrucciones del entonces líder del esquema, Flavio Echeverría Cortez.

El rol de Rojas en este esquema fue esencial para el éxito de la operación, ya que facilitó los medios para desviar los fondos públicos.

Una vez recibido el dinero en su cuenta bancaria, Rojas efectuó múltiples transferencias a miembros de la organización, quienes se encargaban de distribuir y lavar el dinero a través de compras y depósitos fraccionados para evitar ser detectados.

En 2019, Rojas fue condenado a tres años y un día de prisión por malversación de caudales públicos y setecientos días adicionales por lavado de activos, además de ser multado con diez unidades tributarias mensuales y quedar inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.

Posteriormente, el Fisco de Chile presentó una demanda civil en su contra, exigiendo la devolución de los fondos sustraídos.

El 19 de abril de 2022, el 29° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda del Fisco, estableciendo que Rojas Henríquez debía restituir más de 43 millones de pesos, además de los intereses y ajustes correspondientes.

Esta decisión fue apelada, pero el 1 de octubre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo, asegurando que el demandado debía cumplir con la reparación económica.

Asimismo, se determinó que los pagos ya realizados en la causa penal serían considerados en la liquidación.