Un hombre, quien trabajaba de forma tranquila en un banco y vivía con su familia, nunca había estado involucrado en temas políticos.

Sin embargo, su vida cambió por completo en marzo de 1986, cuando fue detenido por agentes del Estado en un operativo masivo en Maipú.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante su detención, fue llevado al cuartel Borgoño, donde sufrió brutales torturas, incluyendo quemaduras con cigarrillos y agresiones físicas constantes.

Los golpes y el maltrato continuaron hasta que, finalmente, fue liberado y dejado en las afueras de su casa, con secuelas físicas y psicológicas que lo afectarían para siempre.

Este episodio no solo lo impactó a él, sino también a su familia. Su esposa vivió con miedo y angustia durante su detención, temiendo lo peor.

Tras la liberación de este hombre, la familia enfrentó persecuciones, tuvo que cambiarse de casa y lidiar con problemas económicos y emocionales.

Incluso los hijos de la pareja, aunque eran pequeños en ese momento, cargaron con las secuelas de este traumático suceso.

Años después, este hombre y su familia decidieron llevar el caso ante la justicia, buscando una compensación por el daño causado.

El Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar una indemnización de $60.000.000 en total: $30.000.000 para Francisco por el sufrimiento que vivió, y $10.000.000 para cada uno de los miembros de su familia por las repercusiones que este episodio tuvo en sus vidas.

El tribunal rechazó los argumentos del Estado, que intentaba evitar el pago de la indemnización, y dejó en claro que las torturas sufridas por este hombre son crímenes de lesa humanidad, que deben ser compensados sin importar cuánto tiempo haya pasado.