Ministra Orellana: "No estoy de acuerdo con que se haya instrumentalizado el feminismo en esta administración"

En la previa a un nuevo 8 de marzo y del cambio de mando presidencial, la ministra saliente de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), conversó con El Desconcierto en un balance de los cuatro años del gobierno del presidente Gabriel Boric en los que estuvo a cargo de la cartera e integró el comité político de La Moneda.

Desde la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres hasta el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, pasando por la relación con el movimiento feminista y el futuro del progresismo, la periodista y militante del Frente Amplio hizo un recuento de los hitos de una gestión que marcó la agenda de género en Chile en el último período.

Lo hace, además, con la mirada puesta en un escenario mundial que califica como de "indeterminación" respecto de la situación crítica de niñas y jóvenes en Afganistán y el auge de los gobiernos conservadores y de derecha radical al rededor del mundo ante lo que ella denomina una disputa cultural que ya no tiene reversa.

"La necesidad que tienen las mujeres de ser consideradas ciudadanas de pleno derecho no va a desaparecer porque cambie la ministra o cambie el gobierno", advirtió, así como destacó los 24 nuevos centros de atención especializados de atención a víctimas de agresiones —frente a los tres que existían en 2022—.

El momento de las mujeres en el mundo

—A pocos días del 8 de marzo, ¿cuál es su lectura de este momento histórico para los derechos de las mujeres, tanto en el mundo como en Chile?

Sin duda estamos en un momento muy convulso, que combina la crisis de los organismos multilaterales —aquellos que ordenaron el mapa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial— con el avance de gobiernos que restringen derechos.

En Afganistán, desde la toma del poder por el Talibán, la situación de las mujeres se ha ido degenerando rápidamente. Pero si miro desde el punto de partida de nuestro período, también avanzó la democracia en América Latina con la reelección de Lula da Silva en Brasil, quien por primera vez está impulsando un pacto nacional contra la violencia de género.

O también la elección de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Es un escenario marcado más por la indeterminación que por una inclinación definitiva hacia uno u otro lado. Hace cinco años hablábamos de las decisiones políticas en Brasil como regresivas para los derechos de las mujeres, y hoy el panorama es distinto.

El traspaso de mando

—¿Cómo está siendo el traspaso al nuevo gobierno?

Es un proceso bastante administrativo. No es algo en que se discutan mucho los intereses o ideas de cada ministra. En nuestro caso, el énfasis ha estado en las normas que ya son ley y que, por lo tanto, hay que cumplir independientemente de quién esté a cargo.

Lo más importante para nosotras es la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. En segundo lugar, seguir trabajando en la implementación de los nuevos regímenes de pensiones de alimentos, porque todavía se necesita conectar mejor el sistema financiero con los tribunales de familia.

Y hemos hecho un traspaso completo de cómo recibimos el Sernameg en 2022 —desfinanciado, desordenado, con una auditoría crítica de la Contraloría— a un servicio que ha avanzado en digitalización, que hoy tiene 27 centros de atención especializada en vez de tres, y con toda su oferta programática con recomendación favorable.

—Con la mano en el corazón: ¿cree que habrá retrocesos en el próximo gobierno?

No soy adivina. Pero creo que es un error considerar que lo que ocurra en la sociedad depende de un solo actor. La necesidad que tienen las mujeres de ser consideradas ciudadanas de pleno derecho, no solo en la norma sino en el día a día, no va a desaparecer porque cambie la ministra o cambie el gobierno.

Las críticas del movimiento feminista

—El movimiento feminista se está rearticulando de cara al 8 de marzo. La vocera de la Coordinadora 8 de Marzo dijo en un diario de circulación nacional que en esta administración se instrumentalizó el feminismo. ¿Qué opina?

No estoy de acuerdo, y en esa opinión hubo varias imprecisiones. Primero, se dijo que se esperó hasta el final del gobierno para trabajar la sala cuna. Falso. La indicación se presentó en 2024, quedaban dos años legislativos. Además, ya está promulgada, por primera vez en diez años, una ley de educación parvularia que habilita ese debate y que, imagino, es una preocupación que compartimos con la Coordinadora 8 de Marzo: las trabajadoras de la educación parvularia. Eso es la Ley de Modernización Parvularia.

En segundo lugar, siempre tuvimos espacios de diálogo con las organizaciones feministas que quisieron participar. La autonomía de los movimientos sociales es un dato de la causa, y lo respetamos. Pero hemos logrado avances importantes en ese trabajo conjunto.

El nuevo reglamento sobre objeción de conciencia en las tres causales, por ejemplo, era una demanda relevante. La ley se aprobó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, pero el reglamento quedó dictado bajo Piñera, y fue un reglamento que no puso la continuidad de la atención a las niñas y mujeres —especialmente a las víctimas de violación— en el centro de la norma.

Lo modificamos con el trabajo de organizaciones muy variadas: la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Sociedad Chilena de Gestión en Matronería, el Colegio de Matronas, Ginecólogas Chile, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Corporaciones Humanas, el Observatorio de Género y más.

—¿Cree que con la llegada del feminismo a La Moneda se debilitó el movimiento feminista en las calles?

Eso sería darle a una oficina en La Moneda un poder que no tiene. Y también esperaría más autocrítica de los propios movimientos sociales, porque también son un actor político. Que desde los movimientos se le entregue la única capacidad política al Ejecutivo es una declaración de la propia impotencia.

—¿Le hubiera gustado, entonces, tener un movimiento feminista más crítico de la gestión?

Hubo organizaciones muy críticas. Mi propia exorganización se movilizó frente a La Moneda, encadenándose, por el indulto de Katty Hurtado, con el ministro de Justicia y con el presidente. Las organizaciones de la diversidad sexual permanecieron en constante crítica y retroalimentación.

Lo mismo el movimiento de trabajadoras, y podría seguir. Creo que sí hay un reflejo en la participación en grandes movilizaciones, pero sería otorgarle al gobierno un poder que no tiene decir que eso se debe a nosotras, o al menos a mí.

—Mencionó la autocrítica. ¿Qué le faltó a los movimientos sociales en ese sentido?

Yo, en particular, como militante, soy crítica de la posición que adoptaron en la Convención Constitucional el bloque de movimientos sociales constituyentes y la Lista del Pueblo, junto al Partido Comunista: optaron por bloquear acuerdos transversales en vez de ocupar la mayoría que por primera vez tenían las ideas transformadoras para modificar la constitución. Fue una postura distinta de la que tuvimos en el Frente Amplio.

El caso Monsalve y los momentos de crisis

—¿Fue el caso Monsalve el más difícil del período?

Política y comunicacionalmente fue uno de los que más me golpeó como persona. Pero una definición más amplia de crisis incluye también que la función no se paralice, y la nuestra nunca lo hizo. No dejamos de atender mujeres. De hecho, tuvimos pick de consultas en esos meses, porque el caso abrió un debate importante sobre consentimiento y violencia sexual.

También permitió plantear algo que creo que es urgente: qué ocurre cuando las autoridades son acusadas. Espero que en ese ámbito se rompa la tendencia que existe en nuestro sistema judicial a relativizar las denuncias de violencia sexual cometidas contra mujeres adultas, porque la tasa de archivo provisional o absolución es muy alta.

Los logros del período

—¿Cuáles son los principales logros que destaca de estos cuatro años?

Donde pusimos mayores esfuerzos y hemos visto más resultados es en la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Esa ley estaba atascada desde 2017. No solo la logramos sacar, sino que le añadimos todo un componente de modernización de la atención del Estado a la violencia contra las mujeres. Contra lo que se ha dicho, sí avanzamos en educación no sexista.

A diferencia de lo que ocurrió cuando se discutió la ley de garantías de la infancia —cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la educación no sexista y el ministerio no tuvo nada que decir—, nosotras logramos que el Tribunal declarara que el principio de educación no sexista era constitucionalmente apto.

Y creo que hemos avanzado mucho en la cultura de la corresponsabilidad. En materia de pensiones de alimentos, los volúmenes son de 322 mil familias y tres billones de pesos en órdenes de pago. Pero también hay un fenómeno cultural: "papito corazón" está dejando de ser una palabra chistosita para pasar a ser lo que es, una evidencia del abandono parental.

Cuando el gobierno de Piñera presentó su propuesta sobre sala cuna, el padre solo tenía derecho a ella como excepción, en caso de tener la tuición. En la propuesta que estamos discutiendo ahora, se señala de antemano que padres y madres tienen derecho a sala cuna. La participación del padre no es una excepción en la ley.

Las asesoras de género y la transversalización

—¿Cómo evalúa el desempeño de las asesoras ministeriales de género, que tuvieron tanta presencia en prensa?

El espacio en la prensa es problema de la prensa. Las asesoras ministeriales de género existen desde 1998 y se institucionalizaron bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Creo que hubo una fijación de algunos sectores de la prensa y la oposición con la idea de que existiera una encargada de género, pero eso tiene más que ver con la ignorancia sobre cuál es el trabajo técnico en la materia que con el rol preponderante que se les atribuía.

De hecho, la mayoría cumplía doble o triple funciones. Un ejemplo claro: la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura —un servicio muy lejano a nuestras tareas cotidianas— identificó, gracias al trabajo de las asesoras de género, una brecha de más de 30 puntos en el acceso de mujeres a los bonos de riego.

El problema eran los propios requisitos: el Estado exigía ser propietaria, un requisito que sabe que la mayoría de las mujeres en el campo no cumple. Mediante una flexibilización normativa, logramos en dos años alcanzar la paridad en ese programa. Eso es el espíritu de lo que llamamos "Chile Para Todas": el Estado disponible para todas las mujeres, en todo el país, sin letras chicas.

—¿La inclusión en el comité político fue beneficiosa para el ministerio?

Fue una apuesta, y no fue propuesta mía. Tenía que ver con visibilizar la necesidad de que el ministerio estuviera en ese espacio. Tiene dificultades, porque a una tarea ya contracultural dentro del Estado se suma la exposición a las partes del día a día político que más rechazo generan. Si eso fue bueno o malo, esa evaluación será más adelante.

El futuro del progresismo

—En ese contexto, ¿qué se viene para el progresismo? ¿Y cuál es su posición sobre la discusión de eliminar el Ministerio de la Mujer o transformarlo en subsecretaría?

Si alguien cree que hay que eliminarlo, es muy poco progresista. Pero si nos ponemos a discutir cuestiones administrativas, estamos fritos. Lo que hay que entender de la derrota de diciembre tiene que ver con una lectura equivocada de lo que significaba ampliar al voto obligatorio: se pensaba que el voto se distribuiría de la misma forma que siempre, más o menos en tres tercios desde los años noventa, muy marcados por el plebiscito de 1989.

El gran desafío que tenemos —y ya dimos un paso en eso el 17 de diciembre de 2023, cuando se rechazó la constitución del Partido Republicano— es que el 4 de septiembre de 2022 no se constituya en el nuevo eje político. Que en el futuro, cuando haya que decidir por quién votar, el criterio no sea dónde estuvo uno en el apruebo o en el rechazo.

Para eso necesitamos dar una vuelta que no tiene que ver con qué ministerio va dónde, ni con las siglas que agrupan a cada partido, sino con cómo conversamos con esa mayoría que en estas elecciones nos dio la espalda. El dilema de la explotación en la izquierda sigue vigente. No hace falta inventar ideas nuevas. Hay que dejar de discutir quién es más moderno.

—¿Una oposición de posiciones diversas o una posición unificada?

Ese es un debate que solo le es útil a El Mercurio. Iremos en una oposición que tiene ideas. Según cuánto se acerquen o alejen las propuestas del nuevo gobierno de esas ideas, trabajaremos en consecuencia. Pero la derecha no puede seguir exigiéndole a la izquierda y a la centroizquierda que le haga de capataz. Los dilemas que ellos tienen como nueva coalición gobernante no son problemas de la izquierda.

—¿Qué le gustaría que el próximo gobierno lograra de lo que quedó pendiente?

Lo más importante es ocupar la oportunidad que significa la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Antes no teníamos una estrategia de Estado al respecto, y ahora la tenemos. La diferencia entre una estrategia y otra es la siguiente: pasar de decir, contra lo que afirman algunas figuras, que el femicidio no ha aumentado, a poder decir que lo estamos bajando.

Eso requiere trabajo técnico muy intenso y mucha coordinación con organismos autónomos, como el Poder Judicial, donde además tenemos la suerte de tener por primera vez a una mujer como presidenta de la Corte Suprema.