Una nueva página se escribe en la historia del juicio contra tres altos mandos de Carabineros, quienes desde enero se preparan para la audiencia que los formalizaría por apremios ilegítimos por omisión en el contexto del estallido social.

Se trata del exjefe nacional de Orden y Seguridad en 2019 y ex general director de la policía, Ricardo Yáñez; el exgeneral director de ese entonces, Mario Rozas; y el exsubdirector Diego Olate, cuyas imputaciones refieren a la responsabilidad en 1.368 casos de vulneraciones en total.

Luego de las primeras dos jornadas de exposición de antecedentes a comienzos de octubre, este lunes continuaron las argumentaciones en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que se proyectan durarán hasta el jueves y que refieren al conocimiento por parte de los generales en retiro de las violaciones a los DDHH en 2019.

Las imputaciones

En esta instancia se señaló que en los alegatos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por la fiscal de alta complejidad, Ximena Chong, se solicitará arraigo nacional y firma quincenal para los tres imputados porque ya no forman parte de la institución uniformada y porque ese fue el acuerdo al que llegaron con la defensa.

Por el contrario, el grupo de cuatro abogados querellantes particulares apela a la prisión preventiva como medida cautelar por peligro de fuga y a la investigación.

De acuerdo con el detalle expuesto por la persecutora, se seleccionó 228 casos de los 1.368 totales para ilustrar los eventuales delitos por omisión de las exautoridades policiales en base a criterios como heridos con armas antidisturbios, escopetas y lanza gases, y que terminaron con lesiones graves, gravísimas o muertes.

Los datos de la defensa

La defensa del exgeneral Yañez, quien renunció a su cargo justo antes del comienzo de la formalización, agregó además que de los 228 casos expuestos en la audiencia, 138 presentan detenciones o denuncias por distintos delitos, de los cuales 39 están con alguna cautelar.

Asimismo, 25 pasaron por centros penitenciarios, y 57 tendrían pensiones de gracia. De estos, 29 cometieron algún delito posterior. En total, se trata de 29.660 detenidos entre el 18 de octubre y el 31 de marzo.