Planes reguladores: Avanza proyecto que resta burocracia a reconstrucciones post desastres naturales
La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca enfrentar problemas urbanos consolidados, especialmente en situaciones de catástrofe.
Este proyecto, que pasa ahora a la Sala del Senado para su votación en general, tiene como objetivo dotar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de herramientas legales para gestionar de manera más eficiente los fenómenos urbanos consolidados que afectan a la población.
La propuesta fue impulsada a raíz de los devastadores incendios que afectaron a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024, dejando un saldo de 135 personas fallecidas y exponiendo serios problemas de planificación y regularización territorial en Chile.
Ante esta situación, el proyecto tiene como prioridad acelerar la regularización de asentamientos irregulares, facilitar la construcción de viviendas del Plan de Emergencia Habitacional y permitir la modificación rápida de planes reguladores para abordar áreas de riesgo.
Propuestas clave del proyecto
Creación de barrios transitorios: Uno de los puntos más destacados es la posibilidad de que el Minvu instale barrios transitorios para las personas afectadas por catástrofes, como incendios o terremotos. Estos barrios temporales permitirán alojar a los damnificados mientras se reconstruyen sus viviendas definitivas.
Regularización de campamentos: El proyecto contempla medidas para acelerar la regularización de campamentos incluidos en el catastro del Minvu. Esto incluye la simplificación de los procedimientos para modificar los límites urbanos e incorporar sectores rurales que presentan características urbanas consolidadas. En este sentido, se habilitan mecanismos para que estos sectores puedan ser formalmente reconocidos y urbanizados, asegurando mejores condiciones de habitabilidad para sus residentes.
Modificación de los planes reguladores: Otro aspecto fundamental de la iniciativa es la posibilidad de introducir cambios en los planes reguladores de las comunas para incorporar áreas de riesgo y facilitar la urbanización en territorios que actualmente están fuera de los límites urbanos. Estas modificaciones se realizarán mediante procedimientos simplificados, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva en zonas de alto riesgo.
Reubicación temporal de familias: Ante situaciones de catástrofe o riesgo inminente, el proyecto también contempla la posibilidad de trasladar temporalmente a las familias afectadas a lugares seguros. Este mecanismo busca prevenir desastres mayores y proteger a la población vulnerable.
Planes reguladores y planificación territorial
El debate público se ha centrado en la respuesta ante emergencias, pero otro aspecto clave es la planificación territorial.
Desde hace 15 años, la normativa chilena ha intentado abordar el riesgo de incendios forestales, especialmente desde la inclusión de las "zonas con riesgos generados por intervención humana" en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en 2009.
A pesar de esta normativa, muchas comunas afectadas no tienen actualizados sus planes reguladores para incluir estas áreas de riesgo.
La falta de actualización es preocupante, ya que el último Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, aprobado en 2014, no incluyó la amenaza de incendios forestales.
Esto afecta también a los planes comunales de Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana, que datan de 1984, 2002 y 2002, respectivamente.
Aunque el Plan Regulador de Quilpué de 2019 mencionó los incendios forestales en su análisis, no incluyó esta amenaza en su zonificación final.
La obsolescencia de los planes reguladores agrava el riesgo, especialmente en áreas con un crecimiento urbano no planificado y alta vulnerabilidad al fuego.
Tras el megaincendio de Valparaíso en 2014, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) emitió la Circular DDU 269, instruyendo a los municipios a incorporar el riesgo de incendios en sus planes.
Sin embargo, esta instrucción no ha sido implementada adecuadamente en muchas comunas, lo que contribuye a la exposición de miles de personas a futuros desastres.
Incendio de gran magnitud en la Región de Valparaíso
Durante los días 2 y 3 de febrero de 2024, un incendio de grandes proporciones afectó las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la Región de Valparaíso.
Este desastre ha sido clasificado como uno de los más grandes del país en las últimas tres décadas. Investigadores del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) realizaron un catastro de los daños en Viña del Mar, revelando que unas 9.215 hectáreas fueron afectadas, principalmente por la quema de bosques (53%) y pastizales (39%).
En Viña del Mar, el 45% de la cobertura de pastizal y el 10% del suelo construido fueron destruidos, afectando a 9.828 edificaciones. Los sectores más perjudicados fueron Los Almendros B, Villa Independencia y el campamento Manuel Bustos.
El catastro también reveló que el incendio impactó significativamente en la infraestructura crítica, con un 53,2% de destrucción total. Industrias, postes de alumbrado público y redes de transporte fueron gravemente dañados, al igual que centros comunitarios, iglesias y negocios locales.
La falta de planificación adecuada y de simulacros de incendios se destacaron como factores que complicaron la evacuación, contribuyendo a la tragedia.
Urgencia en la reconstrucción y prevención
El proyecto de ley actualmente en discusión también busca mejorar la planificación y la gestión del territorio, enfocándose en la reconstrucción y prevención.
La creación de barrios transitorios para los damnificados y la simplificación de los procedimientos para la modificación de planes reguladores son algunas de las medidas propuestas.
Además, se planea facilitar la urbanización de áreas rurales con características urbanas consolidadas, lo que podría mejorar las condiciones de vida en asentamientos precarios.
La falta de actualización de los planes reguladores ha sido un factor clave en la magnitud de los daños causados por los incendios.
En este contexto, la nueva legislación busca dotar a las autoridades locales y regionales de las herramientas necesarias para gestionar de manera más efectiva los riesgos y mejorar la resiliencia urbana ante futuras catástrofes.
