Un patrón de barco pesquero fue sorprendido en tres ocasiones descargando más anchovetas y merluzas de las permitidas por viaje.

Debido a estas infracciones, las autoridades le impusieron una multa equivalente a aproximadamente 398 UTM ($26.412.076) y lo sancionaron con la suspensión de sus derechos para pescar durante tres meses.

Estas medidas fueron tomadas porque el pescador sobrepasó la cantidad máxima de peces que podía extraer, lo que está regulado por las normas pesqueras del país para evitar la sobreexplotación de los recursos marinos.

El pescador decidió apelar la multa y la suspensión, presentando un recurso ante la Corte Suprema. En su defensa, argumentó que la sanción no correspondía, ya que la capacidad de su embarcación hacía imposible cometer la infracción.

Además, en caso de que no se aceptara este argumento, solicitó que, al menos, se redujera la multa impuesta.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó su apelación. Según el tribunal, el recurso fue mal planteado porque incluía peticiones alternativas que no eran compatibles entre sí.

El tribunal explicó que los recursos como este deben ser claros y no pueden presentar varias opciones de manera confusa.

Al no cumplir con los requisitos necesarios, la Corte decidió no revisar los argumentos de fondo y mantuvo la multa y la suspensión.

Un juez disidente, la ministra Gloria Ana Chevesich, opinó que el recurso estaba correctamente formulado y que se debía analizar más a fondo la situación del pescador, pero su posición no fue apoyada por la mayoría del tribunal.