En medio de intensas protestas y un caldeado debate público, el Senado mexicano aprobó esta semana una reforma judicial impulsada por el gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador que modifica la Constitución e implementa la elección de jueces mediante voto popular.

La legislación fue aprobada con 86 votos a favor del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM). En contraposición, recibió 41 votos en contra de los partidos opositores Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Durante la sesión, manifestantes identificados como trabajadores del Poder Judicial invadieron la Sala del Senado mostrando su oposición al proyecto. La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del opositor PAN, expresó su descontento dirigiéndose al partido gobernante: "Ustedes están siendo parte de uno de los mayores retrocesos en la historia de México".

Voto popular para elegir 7 mil jueces

Actualmente, el sistema define la elección de miembros de la Suprema Corte a partir de magistrados propuestos por el presidente y respaldados por el Senado. El nombramiento de jueces está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, basándose en exámenes y concursos de méritos.

Con la reforma, la designación de aproximadamente 1.600 jueces y magistrados federales, así como los integrantes del máximo tribunal de justicia mexicano, quedará en manos de la ciudadanía. Los votantes tendrán que elegir entre unos 7.000 jueces de niveles federal y local, incluyendo la Suprema Corte.

Los candidatos, propuestos de manera paritaria por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, serían elegidos en comicios extraordinarios entre 2025 y 2027. Además, la reforma reduce de 11 a 9 el número de integrantes de la Suprema Corte y crea un Tribunal de Disciplina Judicial.

Entre otras medidas, se elimina la pensión vitalicia recibida por los ministros del máximo tribunal al culminar su período y se prohíbe que los miembros reciban una remuneración mayor que la del presidente.

Sin embargo, la reforma ha sido objeto de fuertes críticas. Sus detractores la ven como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia mexicana y la división de poderes. Las críticas no solo provienen de la oposición mexicana, sino también de organismos de la ONU, asociaciones como Human Rights Watch (HRW), organizaciones internacionales de abogados y los socios del tratado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá.

Preocupación por independencia judicial

Algunos expertos y diplomáticos advierten sobre posibles consecuencias negativas. Según recoge el Washington Post, existe preocupación de que grupos de interés, incluyendo narcotraficantes, puedan costear las campañas de los jueces. Además, se teme que los magistrados puedan determinar fallos a favor de lo que "sea popular" o que el Poder Judicial quede en manos del partido político de turno.

La falta de un Poder Judicial independiente ha generado preocupación sobre la incertidumbre que esto podría generar para las inversiones en México. Aunque el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (T-MEC) no menciona específicamente cómo debe funcionar el Poder Judicial en México, sí hace referencia a la certidumbre jurídica, el respeto de las leyes y la transparencia.

En este contexto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña ha criticado duramente la reforma calificándola como "más una cuestión política que técnica". En entrevista con la BBC, la autoridad judicial advirtió que en un país con 90% de impunidad y polémicas por corrupción, "elegir a los jueces por voto popular no va a resolver los problemas de seguridad y de procuración de justicia".

La magistrada, además, cuestionó la viabilidad de que los ciudadanos conozcan a todos los candidatos: "A nivel federal tenemos 1.650 jueces. ¿Crees que el ciudadano va a conocer a todas las personas que integran esa planilla y va a saber si esta persona es capaz de resolver conflictos, si tiene oficio, si es experto, si hace las cosas como deben ser?".

Comparación con Estados Unidos

Por otra parte, Piña comparó la situación con Estados Unidos, donde la elección de jueces por voto popular se da solo a nivel local y con requisitos más estrictos para los candidatos. También mencionó el caso de Bolivia, donde, según la magistrada, "estadísticamente ni siquiera han podido elegir a los jueces, porque la gente no sale a votar porque no conoce a los candidatos".

La reforma judicial mexicana también considera que los rostros de los jueces no sean mostrados, o sean anónimos, para resguardar su seguridad e identidad en casos relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ya que impediría conocer la idoneidad y competencia de los magistrados.

El Congreso de México ya declaró constitucional la reforma al Poder Judicial. Solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor. Aunque un juez del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente.

Respaldo local

La reforma cuenta con el respaldo de 23 de las 32 legislaturas locales, superando los 17 votos que exige la Constitución mexicana para declararse constitucional. Se espera que sea remitida al presidente López Obrador para su oficialización y entrada en vigor este domingo 15 de septiembre.

Una vez oficializada, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asume el 1 de octubre, será la encargada de garantizar los primeros comicios judiciales que se desarrollarán desde 2025.

Crisis judicial en Chile: un paralelo latinoamericano

En un contexto paralelo, el sistema judicial chileno también se encuentra inmerso en una crisis, desencadenada por el denominado Caso Hermosilla. Esta situación ha llevado a que cuatro ministros de la Corte Suprema se enfrenten a posibles acusaciones constitucionales, evidenciando la necesidad de una reforma en el sistema de nombramientos judiciales.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha acordado retomar la discusión sobre los proyectos de reforma al sistema de nombramientos después de las Fiestas Patrias. Hasta el momento, se han presentado tres mociones parlamentarias que buscan modificar el sistema actual. Una de ellas, respaldada por parlamentarios del oficialismo, propone crear un "Consejo Judicial" compuesto por 19 miembros, encargado de designar a los miembros de las Cortes y otros estamentos judiciales.

Otra iniciativa, presentada por la bancada frenteamplista, sugiere establecer una "Comisión de Nombramiento Judicial" de 11 miembros. La tercera propuesta, más reciente y proveniente de la oposición, también apunta a la creación de un nuevo órgano para las designaciones en la Corte Suprema y de Apelaciones.

Por su parte, el Ministerio de Justicia, liderado por Luis Cordero, ha comprometido la presentación de un proyecto de ley del gobierno para reformar el sistema "antes de la primera quincena de octubre". Sin embargo, la ausencia de representantes del ministerio en las discusiones iniciales ha generado malestar entre los parlamentarios. La diputada Camila Musante (Ind.PPD) criticó esta ausencia, cuestionando si los próximos nombramientos de ministros de Cortes se harán "bajo el sistema Hermosilla o vamos a cambiar las reglas del juego".

Aunque todas ideas lejanas a lo que se sucede en México de llevar las elecciones populares a un asunto tan delicado como el nombramiento de jueces.