Un pescador artesanal en la bahía de Concepción enfrentó una multa de 40 UTM ($2.654.480) después de negarse a ser fiscalizado por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta multa se aplicó debido a su negativa a cooperar durante una inspección rutinaria.

El pescador, al sentirse injustamente sancionado, decidió llevar su caso a los tribunales, buscando anular la multa.

Sin embargo, su intento no tuvo éxito. La Corte Suprema revisó el caso y decidió mantener la multa, rechazando los recursos legales que el pescador presentó.

En su decisión, la Corte Suprema explicó que, en casos como este, los hechos ya establecidos por los tribunales anteriores no pueden cambiarse a menos que se demuestre claramente que hubo un error en cómo se evaluaron las pruebas.

En este caso, el pescador no logró probar que la evaluación de la evidencia fue incorrecta, por lo que la Corte decidió no modificar la sanción.

Aunque uno de los jueces en la Corte opinó que el recurso presentado por el pescador debía revisarse más a fondo, la mayoría de los jueces no estuvo de acuerdo, y la multa de 40 UTM sigue en pie.