Según se puede apreciar en el fallo judicial, una mujer conoció a su pareja a finales de 1967, en medio de las actividades políticas de los partidos de izquierda de la época.

A partir del segundo semestre de 1969, su relación evolucionó de una amistad política a un romance que incluyó a las hijas que ambos tenían de relaciones anteriores.

Entre 1971 y 1973, vivieron juntos en una casa en la comuna de Las Condes, pero tuvieron que abandonarla cuando la Marina obtuvo una orden de detención contra varios líderes del MIR, incluido el hombre.

Se mudaron a una casa en la calle Zurich Sur, y luego, tras el "Tancazo" de junio de 1973, a otra casa en San Miguel, en la calle Santa Fe N°725.

En mayo de 1974, el ginecólogo le informó a la mujer que estaba embarazada. Con el hombre, planearon el nacimiento bajo extremas medidas de seguridad, ya que la represión los tenía cercados.

A mediados de septiembre, lograron que sus hijas fueran acogidas en la embajada de Italia, mientras ellos se preparaban para mudarse a una parcela en La Florida.

Sin embargo, el 5 de octubre de 1974, la DINA descubrió la ubicación de la casa de del hombre en San Miguel.

En un operativo masivo que involucró a varias ramas de las Fuerzas Armadas, la casa fue asaltada. Durante el enfrentamiento, la mujer embarazada fue gravemente herida por esquirlas de una granada y el hombre la escondió detrás de un librero para protegerla.

A pesar de sus esfuerzos, la mujer embarazada fue encontrada desangrándose, lo que afectó gravemente al bebé que llevaba en su vientre, quien falleció un mes después de nacer.

El hombre, mientras intentaba pedir ayuda para su pareja, fue ejecutado con seis disparos.

Después de 50 años, hay un fallo judicial

El Ministro en Visita Extraordinaria para causas de Derechos Humanos, Mario Carroza Espinosa, confirmó en una sentencia de diciembre de 2017 que el hombre fue asesinado de manera premeditada por agentes de la DINA, bajo el mando de Miguel Krassnoff Martchenko.

En relación a lo que dice el fallo judicial, el impacto de estos eventos en la mujer fue devastador. La pérdida de su pareja y de su hijo recién nacido le causó un daño emocional irreparable.

Ser testigo de la ejecución de su pareja y perder a su hijo a causa de la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas le provocó un trauma severo, con consecuencias psicológicas y psiquiátricas profundas y duraderas.

Casi cinco décadas después, la mujer buscó justicia. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió que el Estado debe indemnizarla con $80.000.000 por el daño moral sufrido.

La Corte consideró la gravedad de los hechos y el sufrimiento que ella experimentó al presenciar la muerte de su pareja y perder a su hijo.

Además, la Corte ordenó que la indemnización sea ajustada de acuerdo a la inflación desde que la sentencia sea definitiva hasta que se realice el pago.

También estableció que el Estado deberá pagar intereses adicionales si se demora en cumplir con esta obligación.