Una mujer venezolana que ingresó a Chile de manera irregular en 2020, mientras estaba embarazada y acompañada de su pareja y dos hijos, enfrentó una orden de expulsión del país.

La familia había llegado a Chile por un paso no autorizado en la provincia de Tamarugal, con la intención de reunirse con la hermana de la pareja, quien vive en Santiago.

En el fallo judicial se puede apreciar que tras ser detenidos por la policía, fueron llevados a Iquique, donde la mujer admitió haber ingresado al país sin permiso.

A pesar de que inicialmente la Intendencia Regional de Tarapacá decidió no seguir adelante con la denuncia, en octubre de 2020 se emitió una orden de expulsión en su contra, que fue notificada en enero de 2024.

La mujer, que ahora vive en Padre Hurtado con su pareja y tres hijos (uno de ellos nacido en Chile), argumentó que la expulsión afectaría gravemente a su familia, especialmente a sus hijos, quienes están integrados en el país, van a la escuela, y reciben atención médica.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisó el caso y decidió anular la orden de expulsión.

Aunque la Corte reconoció que la mujer había ingresado al país de manera irregular, también consideró que separar a una madre de sus hijos, especialmente cuando uno de ellos es ciudadano chileno, no era lo mejor para los niños.

Según la Corte, la ley chilena y los acuerdos internacionales protegen el bienestar de los menores, y en este caso, mantener a la familia unida en Chile era lo más adecuado.

Uno de los jueces no estuvo de acuerdo con la decisión, pero la mayoría de la Corte decidió que la mujer y su familia pueden quedarse en el país, y que ella tiene derecho a regularizar su situación migratoria.