Políticas públicas en seguridad con base en evidencia y de largo plazo
Los desafíos en materia de seguridad se han ido complejizando durante la última década y, hasta hace algunos años, el Estado no había adaptado sus capacidades para enfrentar esos fenómenos.
En efecto, nuestra legislación estaba desactualizada, se había estancado el presupuesto destinado a orden público y seguridad, y contábamos con un diseño institucional en que el principal ministerio político conducía las políticas de seguridad, lo que dificultaba la existencia de políticas que trascendieran los cambios de ciclos de gobierno.
Hoy esa realidad cambió. Durante los últimos años el Estado ha establecido un nuevo diseño institucional y reforzado las capacidades de instituciones claves como Carabineros, PDI, Gendarmería, Aduanas, municipalidades, entre otras. Asimismo, se han despachado más de 70 leyes y se ha aumentado significativamente el presupuesto destinado a orden público y seguridad.
La creación del Ministerio de Seguridad Pública y el Sistema de Seguridad Pública, es decir, el conjunto de instituciones públicas o privadas con competencias en seguridad pública y prevención del delito marca un nuevo enfoque de cómo abordar la seguridad.
Con este enfoque sistémico, el Estado reconoce que la seguridad es un problema con múltiples causas y que, por tanto, requiere la coordinación del Gobierno, organismos autónomos y también del sector privado para poder tener buenos resultados.
En este nuevo modelo, la reciente dictación de la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031 (PNSP) constituye un paso fundamental. La Política es el principal instrumento de planificación del Sistema de Seguridad Pública para los próximos 6 años, entregando lineamientos que abarcan la prevención, control, persecución, sanción y reinserción y protección a las víctimas.
Esta nueva forma de abordar la seguridad por parte del Estado, impulsada bajo el liderazgo del Presidente Gabriel Boric, quedará para el beneficio de las chilenas y chilenos.
Enfrentar los desafíos en seguridad requiere políticas de Estado de largo plazo y basadas en evidencia, para eso contar con un Ministerio dedicado el 100% de su tiempo a este esfuerzo, un sistema de instituciones coordinado para estos efectos, y una política con un horizonte de 6 años, son parte de este nuevo sistema de gestión de la seguridad.
El próximo gobierno contará con una estrategia planificada y una base sólida sobre la cual trabajar, y podrá conducir un sistema que congrega a diversas instituciones, con más capacidades, mejores herramientas legales y lineamientos comunes claros, los que permitirán, de acuerdo con el objetivo general de la Política, reducir los delitos violentos y el temor en Chile.
