El acceso a medicamentos de alto costo se ha convertido en un desafío insostenible tanto para el sistema de salud pública como para las familias chilenas.

La Ley Ricarte Soto, que fue diseñada para cubrir enfermedades de alto costo, no ha podido incluir todos los tratamientos necesarios, lo que ha llevado a una creciente judicialización para obtener los medicamentos vitales que no están cubiertos.

El senador Juan Luis Castro ha expresado su preocupación ante esta situación, señalando que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ha excedido con creces su presupuesto destinado al pago de sentencias judiciales relacionadas con la falta de acceso a estos medicamentos.

Según Castro, solo en el primer semestre de 2024, Fonasa ha gastado más de 38 mil millones de pesos en medicamentos obtenidos por vía judicial, superando ampliamente los 27 mil millones presupuestados para todo el año.

Esta problemática se agrava con casos como el de Camila Gómez, una madre que recorrió todo el país para recaudar fondos y poder comprar un medicamento esencial para su hijo.

Este ejemplo refleja la desesperación de muchas familias que se ven obligadas a recurrir a los tribunales para obtener tratamientos que deberían estar garantizados por el sistema de salud pública.

El costo de estos medicamentos es prohibitivo, con algunos como el Trikafta, utilizado para tratar la fibrosis quística, alcanzando precios de hasta 28 millones de pesos por caja.

Este medicamento, junto con otros necesarios para tratar enfermedades como la atrofia muscular espinal, ha generado un gasto significativo para el Estado, obligando a Fonasa a solicitar ampliaciones presupuestarias para poder cumplir con las sentencias judiciales.

El senador Castro ha instado al Ministerio de Salud a tomar medidas inmediatas para incluir estos tratamientos en la canasta de prestaciones de la Ley Ricarte Soto, evitando así que más chilenos tengan que enfrentarse a costosos y largos procesos judiciales para acceder a medicamentos que son cruciales para su salud.

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha reconocido la magnitud del desafío y ha afirmado que se están realizando esfuerzos para rediseñar los sistemas de cobertura.

Sin embargo, la solución no parece inmediata, y el problema sigue afectando tanto a las finanzas públicas como a la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Según La Tercera, el aumento de casos judicializados desde 2017 muestra una tendencia alarmante, con un total de 208 casos llevados a tribunales hasta 2023.

Expertos en salud coinciden en que se necesita una solución desde la política pública para evitar que la decisión sobre la cobertura de tratamientos recaiga en los tribunales, lo que podría llevar a una gestión más eficiente y menos costosa del sistema de salud.

Pérdidas estimadas en $25.000 millones en 2023 para Fonasa por licencias falsas

El problema descrito anteriormente, se suma al que tuvo lugar en noviembre de 2023, cuando salió a la luz una nueva arista en el escándalo de las licencias médicas falsas, lo que llevó a la formalización de 32 personas involucradas en un fraude masivo contra Fonasa.

Entre los acusados, destaca el llamado clan “Quilodrán”, una familia de médicos que, según la investigación, habría establecido empresas ficticias para facilitar la emisión de estas licencias fraudulentas.

Este esquema, que provocó pérdidas estimadas en $25.000 millones para el Estado, fue catalogado como el mayor fraude de su tipo en la historia de Chile.

Las autoridades, incluyendo a Fonasa y el Consejo de Defensa del Estado, han estado trabajando en conjunto con el Ministerio Público para desmantelar la red, que también involucró a médicos extranjeros, quienes fueron detenidos el año pasado por vender estas licencias a través de internet y redes sociales.