En sus concesiones sanitarias a lo largo del país, la empresa sanitaria Aguas de San Isidro ha sido denunciada por enfermedades gastrointestinales, contaminación en humedales, lluvia de excrementos, cortes de suministro, agua salada y otros episodios que dan cuenta de un daño sanitario y ambiental.

A raíz de ello, se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que esta semana presentó su informe final. Las y los diputados acusan omisiones administrativas en los órganos del Estado que no dieron respuesta ante las infracciones ambientales y de salud pública denunciadas por la comunidad, lo que “permite a la empresa tener una actuación irregular, de manera inmoral y con falta de ética”.

También recalcan que la empresa sanitaria no paga las multas por sus reiterados incumplimientos y que existen al menos nueve procesos sancionatorios abiertos en lugares como Los Molles, Padre Hurtado, Huertos Familiares, Labranza y Pillanlelbun.

En especial se critica el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, además de los ministerios de Obras Públicas y Salud a través de sus respectivas Seremías.

El informe critica la falta de coordinación intersectorial entre los distintos servicios del Estado para manejar situaciones de emergencia vividas por las comunidades y la ausencia de sanción por malas prácticas. Además, se cuestiona la sostenibilidad del negocio de las sanitarias en localidades con pocos habitantes.

Las y los diputados sugieren que la Superintendencia de Servicios Sanitarios evalúe caducar las concesiones sanitarias de Aguas de San Isidro en Los Vilos, Padre Hurtado, Temuco y Quilicura. En el caso de Los Molles, donde ya se abrió un expediente de caducidad, recomiendan finalizar el proceso en el que solo falta la firma presidencial, para comenzar un nuevo proceso de licitación.

Foto: Organizaciones ambientales de Los Molles.