En Santiago, con gendarmes de “elite” y duras restricciones a reos: Así será nueva CAS
Pasadas las 9.00 horas de este lunes el ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió con los integrantes de las comisiones de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado. ¿La razón de la cita? Entregar detalles de la construcción de la cárcel alta seguridad anunciada la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric.
Además del titular de Justicia y el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, participaron los senadores Paulina Vodanovic (PS), Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), José Durana (UDI), Claudia Pascual (PC); y los diputados Miguel ángel Calisto (Demócratas), Gloria Naveillán (Ind. PSC), Arturo Longton (RN), Camila Flores (RN), Andrés Jouannet (Demócratas), Raúl Leiva (PS), Leonardo Soto (PS) y Lorena Fries (FA).
Tras la cita, los parlamentarios valoraron positivamente lo transmitido por el ministro Cordero y confirmaron que la cárcel de alta seguridad se construirá en la comuna de Santiago a principios de 2025.
“La cárcel se va a construir en la comuna de Santiago, aledaña a lo que hoy es Santiago 1”, confirmó el diputado Jouannet y adelantó que “la cárcel debiera estar terminada el próximo año”.
En esa línea, el diputado de Amarillos apuntó contra la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien manifestó su oposición a que se construya un nuevo recinto penitenciario en la comuna que lidera.
“Me parece absolutamente demagogo por parte de la alcaldesa Hassler que se preocupe de eso. Acá hay un barrio en Santiago en que ya está instalado el sistema penitenciario y de justicia. Ese barrio hay que consolidarlo y generar las medidas de mitigación y seguridad para darle garantías a los vecinos”, sostuvo el parlamentario.
Asimismo, Jouannet transparentó que el terreno que se utilizará es uno de propiedad del Ejército. “Esperamos que el Ejército dé todas las facilidades para que en ese espacio se pueda construir este nuevo centro penitenciario”, acotó el diputado.
La diputada Camila Flores, en tanto, apoyó la medida del Ejecutivo valorando que se haya determinado que el centro se instale en el barrio penitenciario y sostuvo que se le entregaron recomendaciones al ministro Cordero tales como que se se considere ir más allá de las 500 plaza pensadas inicialmente.
Desde el oficialismo, el senador Alfonso de Urresti (PS) comentó que “nosotros vamos a respaldar la decisión del Presidente Gabriel Boric de llevar adelante la construcción de una cárcel de alta seguridad. Nadie se puede restar, es una decisión de país que trasciende a un gobierno, donde la peligrosidad y la gravedad de los hechos amerita tomar decisiones ahora ya, con una ley especial que permita durante los primeros días del 2025 instalar la primera piedra, y luego darnos un plazo aproximado de entre un año, a un año y medio, para su construcción. Esto no puede esperar más, señaló”.
Respecto a la oposición y debate que han planteado alcaldes y agrupaciones para instalar el centro penitenciario en el radio de Santiago, el senador indicó que la queja es comprensible “y por eso aquí también hablamos de tener un plan integral de compensaciones a raíz de los daños que se puedan generar en el entorno”. Sin embargo, enfatizó en que “no podemos enfocarnos únicamente en el malestar. Es importante el respaldo que se ha dado transversalmente a la decisión del gobierno, donde también se va a crear una fuerza especializada de Gendarmería para que la construcción sea eficiente tanto en infraestructura, como en custodia y resguardo de internos”.
Santiago como sede de nueva cárcel
Aunque el Ministerio de Justicia apostaba por mantener en reserva ante la opinión pública el lugar en que se apostará la nueva cárcel de alta seguridad, las declaraciones de los parlamentarios precipitaron el anuncio oficial.
Así, luego de la Comisión de Constitución que se celebró este lunes en la sede de Santiago del Congreso, el ministro Cordero confirmó que ya firmó el oficio dirigido al Minvu para hacer efectiva la ley 21.636 que establece reglas especiales para la construcción y ampliación de establecimientos penitenciarios.
Sobre esto, Cordero detalló que se ampliará el Penal Santiago 1 hacia “los predios que se encuentran en la actualidad destinados a Gendarmería en la esquina de Club Hípico” que fueron adquiridos por el Estado en 2011.
“Existe una sobrepoblación significativa que ha llevado al Fisco a pagar más de $21 mil millones en sobreprecio. Lo recomendable en consecuencia es ampliar Santiago 1 y en esa ampliación desarrollar el establecimiento de máxima seguridad”, acotó el secretario de Estado.
Gendarmería y restricciones a presos
Como lo había mencionado el Presidente Boric en su anuncio, la cárcel será priorizada para reos que cumplan condenas vinculadas al crimen organizado. De hecho, se espera que líderes de estas bandas y criminales de alto peligro sean quienes cumplan sus sentencia en el penal de alta seguridad.
Para hacer efectiva esta tarea, el ministro Cordero adelantó a los parlamentarios que se ingresará una reforma para especializar a personal de Gendarmería. Recibir una preparación especial y diferenciada para controlar posibles hechos de violencia, incentivos para evitar corrupción y que los gendarmes no puedan sindicalizarse para evitar conflictos de interés son algunas de las medidas que se estudian para capacitar al personal.
Además, se es espera que el régimen para los presos sea más estricto con el fin de que no se puedan “coordinar” al interior y así cortar con el mando de bandas dedicadas al crimen organizado.
“Esta cárcel lo que persigue es aislar a los habitantes del penal de tal manera que no se puedan seguir coordinando ni a través de las visitas u otros tipos con las bandas las cuales lideraban. Va a tener celdas individuales, tendrá mobiliario antivandálico, va a contar con un sistema de segregación tecnológica, contará con monitoreo de cámaras permanentes y se va a garantizar no tan solo la seguridad del penal, sino que su aislamiento permanente”, reveló el diputado Leonardo Soto que participó en la reunión con Justicia.
Eso sí, confirmó que los reos sí tendrán derecho a visitas, pero no con contacto directo.