Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior: El primer paso hacia el salto de la internacionalización
Recientemente fue entregada al ministro de educación, por parte del consejo asesor conformado para los efectos, la “Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior en Chile”, documento que tiene por propósito establecer rutas y trazar lineamientos para el desarrollo del sistema de educación superior, que opta de antemano por no establecer acciones específicas ni metas concretas para su implementación, por el contrario, se expresa como desafíos, objetivos estratégicos y líneas de acción.
Sin lugar a duda, contar con una estrategia que goce de validación transversal, con una visión clara y con perspectiva de largo plazo, permitirá al sistema educativo superior un desarrollo consistente de cara a los desafíos de futuro para nuestra sociedad. Sin embargo, asegurar su implementación demanda de ciertas condiciones que, en esta etapa al menos, no se visualizan con claridad.
Es un antecedente de contexto que el sistema educativo superior ha sufrido cambios y reformas importantes en las últimas décadas, cambios normativos que han requerido y siguen requiriendo de ajustes. Al revisar la estrategia propuesta, se entiende, por lo tanto, que hubiera sido redactada con interés de otorgar un margen suficiente de libertad y flexibilidad a los tomadores de decisiones para su materialización, lo que claramente le asigna algunas desventajas de cara a un sistema político polarizado y visiones de país tan disimiles entre quienes podrían liderar el país los próximos 4 años.
En el contenido se visualiza con claridad una visión orientada a propiciar un sistema de educación superior sostenible que, mediante la integración entre sus funciones permite responder a los desafíos del cambio social y tecnológico de la sociedad del conocimiento, consolidándose como referente internacional, que además favorece el desarrollo sostenible, la cohesión social y la equidad territorial.
La carta de navegación cuenta con cuatro desafíos estratégicos, 16 objetivos y 52 líneas de acción, lo que da cuenta de un adecuado nivel de desagregación, pero al optar por un estilo de redacción que omite indicadores y metas, puede generar al lector la sensación de un documento cargado de buenas intenciones, cuya aplicación va a estar sujeta de variables contextuales y políticas contingentes, que difícilmente favorezcan su implementación.
Particular atención merece el Desafío N° 4 identificado como habilitador y de soporte para los otros tres desafíos, establece la necesidad de: “consolidar una gobernanza sistémica de la educación superior orientada estratégicamente, a través de la actualización de sus procesos de regulación, aseguramiento de la calidad y financiamiento, para fortalecer su sostenibilidad y capacidades para la creación de valor y aporte al desarrollo del país”.
Este desafío propone entre sus líneas de acción cambios normativos como la creación de un consejo para el desarrollo estratégico de la Educación Superior (ESU), modificación de las funciones y atribuciones de agencias estatales que participan de la gobernanza o la modificación del régimen jurídico de universidades y centros de formación técnica del Estado, a la vez que se proponen incentivos que demandan de generación de programas o modificaciones a la institucionalidad que requieren de una voluntad política transversal.
Reconocer el interés de la actual administración por generar un documento guía con perspectiva de largo plazo, así como valorar la contribución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el avance adecuado del proceso, es de toda justicia.
Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de congregación que posea el documento para convocar a los distintos tomadores de decisiones y que a la vez éstos promuevan sus iniciativas (líneas de acción), tanto del Ejecutivo, del Congreso, así como las agencias estatales participantes en la gobernanza del sistema de educación superior.
Esfuerzos como los desplegados por el consejo asesor y cada uno de sus miembros, no pueden más que felicitarse. Por la calidad del documento y la transversalidad de sus propuestas, no cabe dudas de su interés genuino por aportar a la educación y el desarrollo del país. Es tarea ahora de quienes han recibido sus propuestas y sobre todo de quienes deben impulsar los cambios normativos, que dichos esfuerzos tengan sentido y se concreten oportuna y adecuadamente cada una de las propuestas, especialmente aquellas que requieren del acuerdo del Ejecutivo y poder Legislativo.
