El debate sobre las alzas tarifarias sigue siendo un tema de gran preocupación para la opinión pública, especialmente este mes de julio, cuando comienza a aplicarse el incremento en la tarifa eléctrica. Según el Banco Central, se prevé un aumento promedio del 57% en las boletas de los hogares durante los próximos 12 meses. La deuda que acumulamos los y las consumidoras con las empresas de generación alcanza los 6.000 millones de dólares.

Ante esta situación poco esperanzadora, la Mesa Técnica Asesora creada por ley para estos efectos, tiene la tarea de evaluar nuevas fuentes de financiamiento para incrementar el subsidio y desarrollar políticas que reduzcan el aumento de las tarifas eléctricas a los clientes regulados. Es en relación a este segundo objetivo donde se empiezan a escuchar diversas voces proclamando la importancia de fomentar la generación distribuida.

La normativa de Generación Distribuida (GD) para el autoconsumo otorga a los usuarios que posean un sistema de generación renovable, el derecho a inyectar sus excedentes de energía a la red de distribución y descontarlos en sus cuentas de electricidad. Actualmente en Chile esto es posible a través de la generación individual o comunitaria, esta última también conocida como GD de propiedad conjunta.

Desde entonces, un grupo de personas o entidades pueden compartir un sistema de energía, como paneles solares, y obtener descuentos en su factura eléctrica sin necesidad de estar físicamente cerca del sistema de generación. Esto beneficia principalmente a quienes no cuentan con un espacio adecuado para la instalación de un sistema individual o tienen dificultades para hacerse cargo de su mantención periódica.

La generación comunitaria también puede ayudar a reducir la pobreza energética, instalando sistemas colectivos en espacios públicos que beneficien a quienes se ven afectados por esta problemática y que por diversas razones no pueden acceder a sistemas individuales. Sin embargo, a pesar de la normativa existente, Chile avanza lentamente. El gobierno propuso una meta de 500 MW en GD para finales de su mandato, pero actualmente la GD individual alcanza solo 250 MW, con menos del 0,1% en proyectos de Generación Conjunta.

Aunque los subsidios para familias de bajos ingresos son necesarios, una solución sostenible sería subsidiar el autoconsumo energético. Esto permitiría a las familias generar su propia energía, obteniendo ahorros significativos durante 25 años y protegiéndose de fluctuaciones en los precios. En comparación, los subsidios actuales, establecidos por la Ley N°21.667, solo durarán hasta 2026.

Además de los subsidios, hoy es posible generar condiciones habilitantes para el desarrollo del autoconsumo colectivo a partir de un cambio en la regulación de la GD: Me refiero a una modificación para eliminar la obligación de acreditar la Propiedad Conjunta.

En palabras simples, los grupos que deseen consumir energía de una planta comunitaria no requerirían demostrar que son dueños de ésta, como lo exige hoy la normativa. Ésta sencilla medida impulsaría un mercado favorable, ya que la actual impide el desarrollo de modelos de negocios que eliminen una de las principales barreras de la generación comunitaria: el acceso a financiamiento.

Basta mirar lo que sucede en Brasil para entender los efectos de la ausencia de esta obligación, país donde la generación compartida ha alcanzado el mayor desarrollo en Latinoamérica, con más de 129 MW instalados y más de 24.000 usuarios obteniendo los beneficios de esta modalidad. Cabe decir que en Chile los proyectos de este tipo son contados con los dedos de una mano, siendo financiados principalmente por fondos de concursos públicos.

Muchos miembros de las cooperativas energéticas en Brasil prefieren el modelo de "arrendamiento", donde el sistema de generación es propiedad de un inversionista. Esta opción les permite ahorrar un 15% aprox. en sus facturas de electricidad, sin necesidad de hacer una inversión inicial.

Este nivel de ahorro es más del doble de lo propuesto por el Ministerio de Energía en la Mesa Técnica Asesora para reducir las facturas de electricidad de los clientes regulados mediante la compra de energía a Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

La normativa de GD comunitaria en nuestro país requiere una modificación en este ámbito, siendo clara y categórica en la protección y promoción del rol de la ciudadanía, garantizando la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el desarrollo energético local y en el control y supervisión de los proyectos de autogeneración colectiva. Es por esto que, de la mano del cambio en la regulación de la Generación Distribuida para el autoconsumo, necesitamos que Chile tenga una normativa de comunidades energéticas.

La problemática del alza de tarifas refleja que, a pesar de la alta inserción de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica, sus beneficios aún no se reflejan en las cuentas de electricidad de los hogares. Es momento de potenciar el autoconsumo energético para que las y los ciudadanos puedan finalmente disfrutar de las ventajas económicas de estas tecnologías.

Crédito foto: Agencia Uno