Un grupo de senadores ha presentado un proyecto de ley que apunta a modificar la actual Ley General de Bancos para asegurar una mayor inclusión de personas con discapacidad en el sistema financiero.

Los senadores Sebastián Keitel, David Sandoval, Esteban Velásquez, Isabel Allende y Fabiola Campillai son los patrocinadores de esta iniciativa que busca introducir ajustes significativos en la forma en que las entidades bancarias proporcionan sus servicios.

El foco de la propuesta es mejorar la accesibilidad a los diferentes servicios financieros, como cajeros automáticos, terminales de pago y plataformas digitales, que actualmente presentan barreras significativas para las personas con discapacidades visuales y otros desafíos físicos.

La medida surge en respuesta a las dificultades enfrentadas por estas personas, especialmente con los modernos sistemas de pago que utilizan pantallas táctiles sin botones físicos, complicando su uso independiente.

Los legisladores citan el III Estudio Nacional de la Discapacidad de 2022, que muestra que un 17.6% de la población chilena tiene algún tipo de discapacidad, con cerca de 153,000 adultos ciegos y más de 4.6 millones de personas con problemas de visión.

Estas cifras subrayan la necesidad urgente de adaptar los servicios financieros para asegurar que sean accesibles para todos.

Además, el proyecto de ley responde a la falta de normativas específicas para la inclusión financiera de personas con discapacidad, una brecha en la legislación que ha sido confirmada por la Comisión para el Mercado Financiero.

Al mismo tiempo, refuerza los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los derechos garantizados por la Constitución Política de Chile.

La propuesta actual busca integrar un nuevo artículo en la Ley de Bancos que detallaría medidas concretas para mejorar la accesibilidad, incluyendo el diseño universal de las interfaces y sistemas usados por las entidades financieras.

El proyecto ahora espera su discusión y aprobación en la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado.