El martes 21 de noviembre de 2023 el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, recibió un correo electrónico con el asunto “denuncia a COMUDEF con reserva de identidad”. El mensaje, de carácter anónimo, alertaba al jefe comunal de una compleja situación que atravesaban funcionarios y funcionarias de la Corporación Municipal de La Florida: Los maltratos y acoso ejercido por Janett Fernández, precandidata a alcaldesa por el pacto de Chile Vamos.

“Ponemos en conocimiento de ustedes esta situación, porque es insostenible el mal trato de Janet Fernández Pizarro, secretaria general. Esperamos que no sean cómplices de sus abusos, tomen decisiones en conciencia y evalúen los abusos que nos hemos atrevido a denunciar, porque no somos solo nosotros, son decenas de funcionarios más que por miedo no denuncian”, señalaba el correo enviado a Carter.

Dos días después, el 23 de noviembre de 2023, otros siete trabajadores de la municipalidad hicieron llegar a Carter —cada uno por su cuenta— cartas en que se denunciaban gritos, garabatos, descalificaciones y presiones indebidas por parte de Fernández quien, además, forzaba a trabajadores a cumplir funciones fuera del horario laboral (hasta la madrugada incluso), según dan cuenta los relatos de los denunciantes. 

Con los antecedentes a la vista, el 29 del mismo mes la Corporación Municipal instruyó una investigación interna a cargo del director jurídico de la municipalidad. Dicha investigación, el 16 de febrero de este año determinó que Fernández fue “autora de hechos constitutivos de acoso y/o maltrato laboral en contra de siete trabajadores de COMUDEF”. 

Las denuncias

En las cartas que las y los funcionarios hicieron llegar a Carter —a las que obtuvo acceso El Desconcierto— se relatan una serie de situaciones en que la candidata a alcaldesa agredió verbal y psicológicamente a sus subalternos con garabatos y denostaciones personales, además de obligar a trabajadores a participar en “actos de campaña” que llevaba a cabo Fernández cuando aún era secretaria general de la COMUDEF.

Por ejemplo, una de las funcionarias denunciantes acusa en la carta enviada a Carter que Fernández ejercía constantemente “presiones indebidas” sobre los trabajadores a través de “gritos y las descalificaciones, haciendo mención inclusive a temas de carácter personal y familiar”

“En los primeros días del mes de octubre (2023), la señorita Janett Fernández me indicó que no podía acercarme a la (nombre de funcionaria resguardo para efectos  de este reportaje), ya que ella habría presentado una denuncia del maltrato contra ella. Dado que tal instrucción no resiste análisis ni justificación, y mi forma de trabajo resguarda siempre el buen trato y la gentileza, seguí saludando a la funcionaria, asunto que detonó la irá y el malestar de quién dirige, presionando a través de amenazas y los malos modos respecto a dar cumplimiento a su instrucción de aislar a la funcionaria”, señala una de las denuncias. 

Esa misma funcionaria relata en la denuncia las consecuencias del maltrato recibido: “El sostenido estrés laboral y maltrato generalizado, me han producido un cuadro complejo de salud mental”, afirma el escrito. 

Otra denunciante mencionó que Fernández le gritaba “con lenguaje soez y vulgar” y que reiteradamente recibía amenazas de que sería despedida. La misma trabajadora, en su denuncia, menciona que fue obligada a “participar en actos de connotación de su campaña” y que a estas actividades le daba “más importancia que al propio trabajo en la Corporación”.

Una de las situaciones más complejas es la que denunció un funcionario quien desarrolló problemas físicos producto de la situación. “Llevo 3 meses diagnosticado con rectorragia, hoy 14 de noviembre 2023, volví a despertar concurriendo al baño y con sangre. Esto no es vida alcalde”, dice la denuncia del trabajador. 

Resolución

Tras casi tres meses de investigación y de toma de testimonios, la comisión establecida concluyó que “los hechos que se le imputan a doña Janett Fernández Pizarro en las denuncias investigadas eran una práctica habitual, por lo que se configura actos constitutivos de maltrato o acoso laboral”.

En ese sentido, el informe —al cual accedió este medio— señala que Fernandez empleó “lenguaje soez, garabatos, improperios y gritos, tanto para comunicarse como para dirigirse hacia los trabajadores de COMUDEF”, lo que, a ojos de la investigación, constituye maltrato verbal. 

Asimismo, se comprobó maltrato psicológico por parte de la candidata a alcaldesa, quien acostumbraba a burlarse “por el aspecto físico y/o vestimentas de los trabajadores de COMUDEF, así como de sus enfermedades o patologías que eventualmente sufriera alguno”.

En ese sentido, la investigación constató que Fernandez impartía “instrucciones para aislar a determinados trabajadores impidiendo que el resto se comunicara con ellos”

Otros comportamientos que menciona el escrito es el “ninguneo” al trabajo de sus dependientes y “amenazas con desvincularlos”.

“Solicitaba realizar tareas o trabajos fuera del horario laboral o funciones de los trabajadores de COMUDEF ajenas a las pactadas en sus respectivos contratos de trabajo”, añade el escrito. 

“Se evidenció un deterioro en la integridad física y psíquica de los trabajadores denunciados, quienes en algunos casos contaron con licencias médicas, y en otros, decidieron hacer caso omiso a indicaciones médicas, producto del temor de enfrentar a la denunciada, resulta necesario aplicar la propuesta del investigador, en relación a la reparación del daño, por lo que se debe trabajar en gestionar la atención psicológica de los denunciantes, a fin de evitar posibles menoscabos de salud mental”, concluye el informe. 

La caótica salida de Fernández de la municipalidad

Mientras el cerco de la investigación se estrechaba en su contra, Fernández decidió dejar la municipalidad, no sin antes activar un nuevo flanco: denunció a Carter por malos tratos y despido injustificado. 

En abril de este año, Fernandez interpuso una denuncia en la que exigía el pago de $70 millones, una indemnización por daño moral por otros $60 millones y adicionalmente $17 millones por indemnizaciones laborales varias.

No obstante, tras una acuerdo extrajudicial, la municipalidad debió solo desembolsar un poco más de $21 millones por los años de servicio que prestó Fernández.

Por lo mismo, tras la resolución de la comisión municipal que comprobó los malos tratos que ejerció, la municipalidad no pudo ejercer acciones disciplinarias contra Fernandez. 

Sobre esto, el documento da cuenta que “tal como lo señala el investigador, luego de investigar acabadamente las circunstancias expuestas en las denuncias, es posible afirmar que efectivamente ocurrieron hechos constitutivos de acoso/ maltrato laboral cometidos por parte de doña Janett Fernández Pizarro (...) Sin embargo, en virtud de que actualmente no existe vínculo laboral entre la denunciada y COMUDEF, no resulta procedente la aplicación de alguna de las sanciones dispuestas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de esta Corporación”.