Desde 2023 comenzó a instaurarse un cambio significativo en la forma de gestionar los residuos domiciliarios para reciclar. Se trata de camiones a domicilio que están retirando envases y embalajes de plástico, vidrio, aluminio, tetrapack, etc. en cada hogar de decenas de comunas en el país.

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La medida se enmarca en la implementación de la Ley de responsabilidad extendida del productor (Ley REP), que obliga a quienes ingresen productos al mercado, a hacerse cargo de su revalorización y reciclaje.

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Hasta el momento, 24 comunas del país ya tienen este servicio de retiro de envases a domicilio, y en este Día Internacional del Reciclaje, desde el Ministerio de Medio Ambiente anunciaron que durante el 2024 el servicio se extenderá para abarcar 48 comunas.

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Si a esto se suman los puntos limpios y puntos verdes instalados a lo largo del país, se calcula que 4,2 millones de personas serán directamente beneficiarias de la ley durante este año.

La ministra Maisa Rojas declaró además que la hoja de ruta planteada por el Gobierno busca aumentar de manera drástica la cantidad de residuos que se reciclan en el país. Actualmente se revaloriza 21% de la basura, y la meta es llegar a 75% para 2040.

Responsabilidad del productor

Tal como lo indica el nombre de la ley, esta regula la Responsabilidad Extendida del Productor, que ya no puede introducir al mercado un producto con envase sin preocuparse de qué pasara con ese envase después.

La ley establece el porcentaje de envases cuyo reciclaje debe garantizar cada productor, y que irán aumentando cada año. Para lograrlo, los productores pueden trabajar solos o asociarse en grupos de hasta 20 empresas, para contratar servicios de gestión de residuos que logren su reutilización.

Las obligaciones rigen para productores grandes, que introduzcan al mercado más de 300 kilogramos de envases al año, o que los importan para introducir al mercado chileno. Quedan fuera de la ley las microempresas. Los productores que no cumplan las metas serán sujetos a multas de hasta más de $7.600 millones.

La Superintendencia de Medio Ambiente es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley, para lo cual cada productor deberá entregar dos informes anuales dando cuenta de sus resultados.