Las labores de exploración del buque ruso de investigación polar Alexander Karpinsky en 2020 han generado temores entre los diputados británicos de que Moscú vaya a intentar extraer petróleo de una parte de ese territorio austral reclamado por el Reino Unido, informa 'The Daily Telegraph'.

El periódico conservador se hace eco de una reciente comisión parlamentaria en la que unos diputados expresaron su preocupación a representantes del Gobierno sobre si el Ejecutivo ruso estaría pensando en apropiarse de hidrocarburos, lo que violaría el tratado internacional de la Antártida de 1959.

70.000 millones de toneladas

El temor se basa en la admisión hace cuatro años por la agencia geológica rusa Rosgeo de que los estudios del Karpinsky habían identificado unos 70.000 millones de toneladas de petróleo y gas enterrados debajo de la plataforma antártica.

La jefa del departamento de regiones polares del ministerio de Exteriores de Londres, Jane Rumble, aseguró a los diputados de la Cámara de los Comunes (baja) que "no hay ninguna evidencia que indique una violación del tratado, pues se necesitarían equipos diferentes para hacer topografía que para una explotación" del subsuelo.

"Pero sí, lo estamos siguiendo muy de cerca y Rusia ha sido abordada sobre este tema en ocasiones previas y ha asegurado (a otros signatarios del Tratado Antártico) en múltiples ocasiones que se trata de un programa científico", agregó.

Chile reclama territorio

Si bien la Antártida, donde solo se permite la exploración con fines científicos, no está gobernada por ningún país, siete han reclamado históricamente partes del territorio, entre ellos el Reino Unido, Argentina y Chile.

El diario apunta que, aunque Moscú mantiene que los estudios geológicos son de naturaleza científica, "los expertos están cada vez más preocupados de que representen una muestra más de las llamadas 'tácticas de zona gris' que emplea el Kremlin en todo el mundo".

Según el rotativo, estos expertos opinan que "las actividades de los barcos de Rosgeo, como el Karpinsky –y otras infraestructuras establecidas por Rusia–, presentan un dilema diplomático, debido a su capacidad para fines tanto civiles como militares". EFE