En Valdivia, el 20 de octubre del año 2018, Juan Aguilera Salgado, un empleado público con una carrera en Carabineros de Chile, protagonizó un incidente bastante peculiar.

Según los informes, se vio envuelto en una situación que lo llevó a ser objeto de una investigación por parte de la Prefectura de Carabineros Valdivia N° 23. Este hecho tenía que ver con que fue visto, junto a otro Carabinero, injiriendo alcohol en la vía pública.

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El 19 de noviembre de ese mismo año, la Prefectura emitió una resolución por el incidente, otorgándole la "baja por conducta mala", con efectos inmediatos. Esta medida, sin embargo, estaba condicionada al resultado de un sumario administrativo en curso, el cual determinaría la sanción final.

Aguilera impugnó la medida disciplinaria, interponiendo en recurso de protección, argumentando que la falta de resolución del sumario administrativo constituía una vulneración de sus derechos constitucionales.

El corazón del conflicto residía en el plazo de prescripción de la acción disciplinaria. Aguilera afirmaba que, según la normativa vigente, si el proceso disciplinario se paralizaba por más de dos años, el plazo de prescripción continuaba corriendo como si no se hubiera suspendido.

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En su caso, habían transcurrido más de cuatro años desde los hechos investigados, sin que se hubiera resuelto la sanción aplicable.

La batalla legal se intensificó con el paso del tiempo. Aguilera y su defensa argumentaban que la medida disciplinaria de "baja por conducta mala" era condicional y estaba sujeta al resultado del sumario administrativo en curso. Sin embargo, la Prefectura se mantuvo firme en su posición, defendiendo la legalidad de su decisión.

Finalmente, la Corte de Valdivia rechazó la acción cautelar, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema.

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